Crónica de un miércoles anunciado

Veo las imágenes de un patrullero ardiendo en medio de la Avenida de Mayo. EDITORIAL

Veo las imágenes de un patrullero ardiendo en medio de la Avenida de Mayo. Veo otras con los hidrantes en acción que no permiten la proximidad de manifestantes a menos de 50 metros de cualquier vehículo policial, e imagino – solo imagino– antes de que la Bullrich me acuse de conspirar, inadvertida como está, de que la imaginación es libre y ¡Viva la libertad, sin carajo!

Como decía, imagino una situación de ficción en el área de “móviles” de una comisaría cercana al Congreso, por la tarde del martes 11 de marzo.

La situación en el vestuario de “tropa” donde se presenta un oficial.

–¡Choferes de móviles! ¡Presentar-sé!

Carrerita de los convocados –alguno de ellos medio en bolas todavía…, forman fila delante del oficial.

–¿Alguno de ustedes conduce un móvil con fallas severas que requieran mantenimiento profundo para su continuidad?

–¡Yo, señor! Tengo a mi cargo la unidad de patrulla 8008 con graves fallas de motor…

–¡Correcto! Mañana a las mil seicientas (N. de la R.: las 16:00, las cuatro de la tarde, ¡bah!) la deja en la Avenida de Mayo casi Santiago del Estero con las puertas abiertas y la llave puesta como si hubiera tenido que abandonarlo en emergencia…

–P…, pero, oficial…

–No discuta, agente…, ¡es una orden!

–¡Entendido, mi sub comisario!

–Choferes de móviles, ¡conti-nuar!

Mientras tanto, ya bajado del breve tránsito imaginativo e insertado en esta mileínica realidad, uno sigue observando lo publicado por alguna prensa –poca– sobre el episodio de la nueve milímetros cargada, “dejada caer” por un policía sobre el césped de la plaza y pateada como para que quede sembrada –notorio implante de arma– y reflexiona juzgando innecesaria la imaginación personal para advertir la claridad de propósitos del comando represivo.

No es necesario “inventar” nada para tomar conciencia de lo que pasa.

La incansable búsqueda de la señora a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación –nada menos– ahora orienta sus incoherentes prédicas hacia los “barra brava” de los clubes como culpables sancionables de los destrozos producidos durante los “combates” de aquel miércoles.

Es increíble que una “especialista del mal” como ésta no sepa distinguir entre un “hincha” y un “barra brava”, especie de guerrillero con profundo conocimiento de las “artes” de la lucha cuerpo a cuerpo. Ayer, seguramente, algún barra brava habría, pero en calidad de infiltrado, mucho menos protagónico que en las duras peleas futboleras. De otro modo algún muñeco “ninja” que impunemente empujó e hizo caer de espaldas a la viejita que les reclamaba verbalmente por su situación (en los términos y/o puteadas en que haya sido su reclamo. “El tamaño de la pollerita no justifica la violación”), como atestigua la filmación, no hubiera podido escabullirse “valientemente” con la presteza y cobijo corporativo con que lo hizo.

Seguramente empujada por la envidia que le producen los hinchas de fútbol participantes ante la cantidad de copas que han disfrutado, la ministra contabilizaba por la noche con la fruición con que un avaro cuenta sus monedas de oro, un total de 150 detenidos –contando los “perejiles de siempre”, un tendal de heridos y contusos entre los que se destacan: una jubilada de 87 años con traumatismos producidos cuando desde corta distancia un policía le arrojó en la cara un chorro de gas pimienta. Y el fotógrafo independiente Pablo Grillo, de 35 años, quien resultó gravemente herido.

Efectivamente, el miércoles 12 de marzo, durante la protesta de los jubilados, el fotógrafo Pablo Grillo fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que impactó sobre su cabeza hiriéndolo gravemente. De inmediato fue asistido y mediante una intervención quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía lograron salvarle la vida.

Cuando se le preguntó a la ministra sobre el joven Grillo, respondió pretendiendo eludir sus agresivas responsabilidades: “es un militante kirchnerista –¡vaya pecado!– que hoy trabaja en la municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, está detenido”, informó a la población, mientras el joven de tan sólo 35 años yacía, entre la vida y la muerte, en el hospital Ramos Mejía.

De inmediato surgieron las descalificaciones a la salvaje represión y una organización llamada Sociedad civil Mapa de la Policía realizó un pormenorizado análisis del origen y trayectoria del disparo que hirió a Grillo y llegó a la conclusión de que el proyectil fue disparado por una pistola lanzagases con la que un cabo primero de Gendarmería Nacional llamado Guerrero le habría apuntado –apartándose temerariamente del protocolo de disparo de esas armas (a 45 grados)– circunstancia por la cual Grillo estuvo al borde de la muerte durante más de 48 horas.

El protocolo “antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –que entró en vigencia en diciembre de 2023–, derogó otro protocolo de 2011 que prohibía armas letales y específicamente las pistolas lanza gases en manifestaciones.

La ONU elaboró una serie de orientaciones “sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”. Allí advierte que “no se deberían disparar proyectiles irritantes contra las personas, y, en cualquier caso, no se deberían lanzar contra la cabeza o la cara”. Se trata de la publicación “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”.

Algunos textuales de la publicación:

 “Para evitar la necesidad de recurrir a la fuerza letal, los Estados deben proporcionar al personal de las fuerzas del orden medios eficaces y menos letales, y capacitarlo para su utilización lícita. Lamentablemente, en algunos casos dicho personal utiliza armas menos letales de manera inadecuada, lo que provoca lesiones graves o incluso la muerte. En otros, utiliza deliberadamente armas menos letales para causar el máximo daño posible a personas que no suponen una amenaza lo suficientemente grave como para justificar el uso de dichas armas. Para mayor claridad, tal como ha señalado el Comité de Derechos Humanos en su observación general sobre el derecho a la vida, incluso las armas menos letales deben emplearse únicamente con arreglo a estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad y en situaciones donde otras medidas menos nocivas sean manifiestamente ineficaces, o hayan demostrado serlo, para contrarrestar la amenaza”.

La norma 7.2.7 señala que: “Los irritantes químicos no se deberían utilizar en situaciones de resistencia puramente pasiva*. De conformidad con el principio de necesidad, una vez que una persona ya está bajo el control de las fuerzas del orden, no será lícito seguir utilizando un irritante químico.

Por su parte la norma 7.3.6 especifica que:  “Por lo general, no se deberían disparar proyectiles irritantes contra las personas, y, en cualquier caso, no se deberían lanzar contra la cabeza o la cara, ya que la violencia del impacto puede causar la muerte o lesiones graves. Señalamiento atribuido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ataykaya v. Turkey, sentencia de 22 de julio de 2014, párrs. 56 y 57.

La realidad indica que los verbos en potencial –no podría ser de otro modo ya que se trata de “orientaciones”– dan pie a las libres interpretaciones de los que detentan objetivos de sometimiento más que de respeto. Así la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se da el lujo de aseverar sin que le crezca la nariz que se han respetado todos los protocolos y que ningún gendarme será juzgado por su actuación durante la represión.

La escalada represiva asoma como una necesidad de Gobierno de demostrar que la plata que preste el FMI se va a devolver a como dé lugar.

Si hay que producir un tendal de heridos y detenidos, se hará.

¿Y si hubiera que exhibir cadáveres?

 

(*). Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos (Noveno Circuito), Headwaters Forest Defense v. County of Humboldt, 240 F.3d 1185 (2000), págs. 1205 y 1206.