La Corte, de gira
Esta vez se metieron con Tucumán y San Juan incautándoles las urnas. Mario Bellocchio
En una exhibición obscena y soberbia de poder fáctico la Suprema Corte de Justicia de la Nación –tres de sus miembros en ausencia de Ricardo Lorenzetti– acaba de suspender, a menos de 5 días de su realización, las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan en “Una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias”, como calificó el Gobierno Nacional a la medida judicial.
Irónicamente, esta barbaridad sucede a meses de celebrar el cuadragésimo aniversario de la recuperación de la democracia luego de la larga noche de la dictadura.
Hace tiempo ya que este corrupto cuarteto –dos de ellos nombrados por decretos de Macri– ha tomado posición política de comando, alineados con la oposición al Gobierno Nacional que sólo parece remitirse a comunicados y “acompañamiento”:
“Estamos junto a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos”, sostuvo la administración de Alberto Fernández en un comunicado oficial que suena como una aspirina para el tratamiento del cáncer ante esta arremetida que claramente apunta al amedrentamiento sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner.
Del comunicado oficial sólo queda como rédito la clara definición del conflicto: “Ante el fallo de la Corte suprema que afecta las elecciones democráticas en San Juan y Tucumán, en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”.
Y una correcta visualización de los orígenes: “ayer el ex presidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal”, refiriéndose a la necesaria alternancia requerida constitucionalmente sin reparar en el federalismo que ampara a las constituciones provinciales que terminaron ofreciendo garantías a los reclamos zonales sobre repetición de mandatos, y aprobando candidatos que la Corte recién objeta a cinco jornadas de las elecciones haciendo gala de un poder omnímodo que coteja con lo mafioso.
Mientras tanto Macri se da un lujo –uno más– de tildar de “feudos” a las provincias cuya justicia definió la validez de las candidaturas expuestas en listas eleccionarias.
Los especialistas jurídicos cuyas miradas no coinciden plenamente discrepan con la decisión de la Corte. Graciana Peñafort y Andrés Gil Domínguez coincidieron en criticar las cautelares de la Corte Suprema que dejaron sin efecto las elecciones del próximo domingo en Tucumán y San Juan.
Ambos sostienen que las cautelares de la Corte Suprema de Justicia que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán “ponen en peligro el Estado de derecho y generan un daño gravísimo al sistema democrático”.
Dice Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado: “Las instituciones están funcionando mal y lo que estamos viendo son precisamente las consecuencias de ese mal funcionamiento, que pone en peligro el Estado de derecho”. “La ley 48, que determina las jurisdicciones y competencia de los tribunales nacionales, dice que la única manera que puede intervenir la Corte en este tipo de casos es cuando hay sentencia firme de los tribunales de provincias”.
“En el caso de San Juan no hay sentencia firme del tribunal de provincia. Y en el caso de Tucumán hay una sentencia del tribunal de provincia pero no fue impugnada por la vía que corresponde, que es un recurso extraordinario”.
Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en sus provincias para postularse, luego de ser cuestionadas por la oposición.
Andrés Gil Domínguez –Abogado (UBA),
Abogado del Área de Derecho Constitucional. Director General de AGD Consultora. Miembro Asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional–, a su vez, sostiene que:
“Desde el punto de vista constitucional, la CSJ está habilitada para dictar estas medidas cautelares aunque tengan una argumentación escuálida en relación a lo que resuelven. El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido.
Suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada”.
Más allá de las opiniones eruditas, queda claro que estamos ante un fallo político de la CSJ, a modo de globo de ensayo, cuyos integrantes aguardan respuestas del oficialismo –o de sus simpatizantes– sentados sobre la cuerda floja del juicio político y evaluando los apoyos y rechazos que produce su accionar cuasi mafioso. Si el “hermano mayor del norte y sus secuaces vernáculos” avalan y con un presidente que se limita a comentar el asunto por “cadena nacional” (¡qué audacia, usó la cadena!) sin tomar ninguna actitud activa, van a seguir esmerilando al Gobierno elegido por el pueblo.
Fuentes de datos: “Tiempo Argentino” / Télam