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La decisión legislativa se tomó para –argumenta el oficialismo– adaptarlo a las nuevas competencias que tendrá la Justicia de la CABA por la transferencia desde el ámbito nacional de atribuciones en materia criminal y correccional. Desde la oposición destacaron, entre otras argumentaciones que (Se) “ataca a las garantías individuales, otorga el poder de espiar, escuchar a quienes se movilizan en esta ciudad contra las medidas de ajuste de este gobierno”. Y denunciaron que “se busca perseguir a la oposición y a los trabajadores” y que el oficialismo “quiere instalar un estado policial”.