La ley de financiamiento universitario

El interminable sendero legal que deben cumplir las disposiciones del Ejecutivo, parece estar llegando a término con respecto a la Ley de Financiamiento Universitario. Y uno ya se acostumbró a decir “parece” o utilizar verbos en potencial cuando de por medio está Milei, tal la cantidad de artilugios que despliega el sátrapa mayor a cargo –nada menos que– de la presidencia de la Nación.
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia se levantó de la siesta –vaya uno a saber con que segundas intenciones, que siempre las hay– y validó la medida cautelar que protegía lo dispuesto por el Congreso Nacional en dos oportunidades.

Veamos: en agosto del año pasado (2025), el Senado había sancionado la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por la oposición y que ya había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.
Pero el presidente, de acuerdo con los derechos constitucionales que lo asisten, había vetado la ley.

Marchas de apoyo mediante, la oposición insistió con la propuesta y en octubre rechazó el veto con el aval de los votos de ambas cámaras. Ya todo parecía indicar que a Milei no le quedaba otro recurso que tragarse el sapo.

Sin embargo se despachó con la novedad de un decreto de promulgación que incluía una aclaración: “se suspende la ejecución de la norma hasta que el Congreso indique las fuentes de financiamiento”.

Un decreto inconstitucional a todas luces –y menos con las pocas que siempre tiene encendidas el presidente, salvo para insultar a los que no pensamos como él– denunciado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal en tal sentido y, a la vez, solicitar una medida cautelar para que se cumpliera con dos artículos de la ley mientras se resuelvía la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).

La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó, aunque en mayo de este año (2026) se suspendió ese recurso hasta que la Corte Suprema resolviera el pedido presentado por el Poder Ejecutivo.

Retornando al presente por el “túnel del tiempo” mileista, ayer la Corte resolvió validar la medida cautelar.

¿Qué resolverá el “despeinado”?
Chi lo sá!!!

Seguramente cuando este editorial esté impreso, las decisiones ya habrán tomado un cauce –¿mejor? / ¿peor? – Mientras tanto la prensa calificada aporta sus lecturas:

“Tras meses de incumplimiento, los cortesanos fallaron a favor del Consejo Interuniversitario Nacional y dejaron firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias.” (Página|12).

“La Corte Suprema dejó firme el fallo que obligó a aumentar salarios y becas por la ley de financiamiento universitario.”
“Son aspectos similares a los que ya acordaron el Gobierno con los rectores; los gremios universitarios, no obstante, reclamarán un 32,5% de suba; el asunto se resolverá en primera instancia.” (La Nación).

Sutiles –y no tanto– diferencias con la prensa oficialista que siempre deja ventanitas abiertas a la ignominia.