El retorno de los bastones largos

El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía derrocaba al presidente Arturo Illia, disolvía el Congreso, destituía a la Corte Suprema y prohibía los partidos políticos. Un mes después, el 29 de julio, el decreto ley 16.912 colocaba a las autoridades universitarias bajo las órdenes del Ministerio de Educación, eliminando así su autonomía.

El Rector y el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires no aceptaron subordinarse al poder político y varias facultades fueron ocupadas por estudiantes y docentes.

Como consecuencia de esa actitud, esa noche, policías con cascos y palos irrumpieron violentamente en Perú 222, sede de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Forzaron puertas, rompieron ventanas, inundaron las aulas y el patio con gases lacrimógenos, insultaron y golpearon a los estudiantes y docentes, incluidos el decano y los miembros del Consejo Directivo, y los llevaron detenidos. Con menor intensidad, algo similar ocurrió en Arquitectura y en Filosofía y Letras.

Horas más tarde el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Rolando Víctor García, presentó una denuncia ante la Justicia contra el jefe de la Policía Federal general de brigada Mario A. Fonseca por “lesiones graves calificadas con alevosía y ensañamiento. Vejaciones y apremios ilegales”.

La historia recordaría esta infame jornada –acaecida hace sesenta años– como “La noche de los bastones largos”.

Manifestaba entonces García: “Por todo lo expuesto, a V. S. pido: En su oportunidad, se condene al máximo de la pena prevista por el art. 144 bis, último párrafo del Código Penal al general de brigada Mario A. Fonseca y demás responsable del hecho, con costas”.

“Como es público y notorio, señor Juez, he sido decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires hasta el momento en que, con la sanción por el Gobierno actual de la Ley Nº 16.912, he cesado en mis funciones.

Cuando en los medios universitarios fue conocido extraoficialmente el texto de dicha Ley, integrantes del cuerpo legítimamente encargado de la conducción universitaria, es decir del Consejo Superior de la Universidad, se reunieron en el Rectorado cambiando ideas y adoptaron la decisión que fue hecha pública. Era el viernes 29 de julio de 1966.

Terminada la reunión, me dirigí a la sede de la Facultad donde me he desempeñado hasta estos hechos, la cual se encuentra ubicada en el viejo edificio de Perú 222-272, donde llegué entre las 21.30 y 21.45 aproximadamente.

En la casa estaban presentes, en ese momento, alrededor de trescientas personas, entre ellas quince integrantes del Consejo Directivo de la Facultad, alrededor de veinte profesores, además de docentes auxiliares y estudiantes hasta alcanzar aquella cifra. El clima, Señor Juez, era de expectación, pero calmo y no violento.

Se celebró una reunión del Consejo Directivo, donde por catorce votos con una abstención, el cuerpo ratificó la decisión tomada por el señor Rector de la Universidad, ingeniero Hilario Fernández Long, decanos y otros miembros del Consejo Superior.

Una compacta barra siguió el desarrollo de las deliberaciones, con la firme calma de quienes testimonian su adhesión espiritual, esa adhesión que siempre se aprecia por quienes –como nosotros los científicos y los que tenemos verdadera vocación universitaria, que es vocación de universalidad humana– no disponemos de otra fuerza que la de nuestras ideas y nuestro deber. 

Como medida de prevención ante posibles ataques exteriores –llamados telefónicos anónimos daban cuenta de que elementos activistas de la misma orientación que aquellos que recientemente protagonizaron actos de violencia en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo –de pública notoriedad–, ordené que se cerraran las puertas de acceso de la Facultad, que dan sobre los números 222 y 272 de la calle Perú.

Indiqué entonces a quienes se encontraban en la Sala de Consejo y sus inmediaciones, que quienes desearan abandonar el edificio, en previsión del posible ataque al que he hecho referencia antes, lo hicieran y efectivamente hice abrir la puerta que da al número 272 de la calle Perú, por la que salieron algunos profesores, gran parte del personal administrativo que aun quedaba en la casa, docentes, auxiliares y alumnos.

Aunque no tuve ninguna confirmación oficial ni notificación de ninguna especie, se me informó por algunos alumnos que habían oído se había anunciado por un megáfono de las inmediaciones de la puerta más próxima de la calle Alsina, que personal policial había dado orden de desalojar el edificio.

Obviamente, dado mi carácter de autoridad de la casa y no habiendo recibido notificación oficial –como lo dejo expuesto– decidí esperar que ella se produjera, por respeto a la propia dignidad de mi investidura. Mi obligación, por otra parte, era resguardar los bienes físicos de la Facultad.

Solicité a quienes quedaban en la casa, lo hicieran en el más absoluto orden, sin recurrir a acto de violencia alguno y sólo a título de solidaridad moral con las autoridades legítimas de la Universidad. En un momento dado, previa rotura de los vidrios que dan al Aula Magna de la Facultad, comenzaron a introducirse por los huecos bombas de gases lacrimógenos, disparadas según supimos después por personal policial” (…).

“El aire se tornó irrespirable y, en consecuencia, habiendo dado suficiente testimonio con nuestra presencia de la ilegitimidad de la medida que venía a destruir años de trabajo al servicio de la ciencia, la cultura del pueblo y el progreso social, hice indicación a todos los presentes de retirarnos del edificio, en perfecto orden y sin realizar acto alguno de resistencia física a la acción de las fuerzas policiales”.

Ese fue el comienzo de una serie de vejaciones que constan en la extensa declaración de García que, junto a profesores y alumnado, desalojaron el lugar recibiendo salvajemente, culatazos, insultos y escupitajos a discreción.

Finaliza García: “No quiero relatar a V. S. las innumerables gestiones realizadas en las comisarías 1ª, 2ª, 4ª y 22ª, donde se alojó a los profesores, docentes auxiliares y estudiantes detenidos por la policía. Pasado un lapso fueron recuperando su libertad, previa identificación, los profesores y docentes auxiliares; más tarde por orden de V. S. que había tomado intervención en el sumario, recuperaron la libertad los estudiantes detenidos”.

Como ha dicho Rolando García, “es una simplificación equivocada pensar que durante aquella oportunidad había un grupo de policías que quería romper cabezas. No, eran policías que, instigados por civiles e incluso por universitarios, intentaron —y lograron— romper el escenario”.

Ningún represor ni funcionario involucrado en la represión de la “Noche de los Bastones Largos” (sucedida el 29 de julio de 1966) resultó condenado específicamente por ese hecho. Los delitos cometidos en aquella ocasión prescribieron antes de que pudieran ser juzgados.

El 70 % de los docentes-investigadores de Ciencias Exactas renunció y muchos emigraron al exterior. Era el comienzo del ataque a la ciencia. Luego vendría la nueva purga de la misión Ivanisevich-Ottalagano en 1974 y la sangrienta dictadura militar de 1976, que generó casi dos décadas de decadencia. Y cuando pensábamos que la democracia instalaba definitivamente al pensamiento científico, Carlos Menem impuso su modelo universitario con la privatización parcial y el arancelamiento a través de la Ley de Educación Superior (1995), generando masivas protestas y, como éramos pocos, apareció Mauricio Macri recortando el presupuesto en términos reales frente a la inflación, circunstancia a la que debe agregársele la actual versión II de los bastones en manos de Milei,  menos incruentos aunque tan letales como aquellos para el ámbito universitario.