Una cuestión de techo

Cada vez más gente a la intemperie. Por Mario Bellocchio

Parece ser que cuanto más necesidad hay de vivienda, más se edifica especulativamente y más se libera el mercado al alquiler turístico –tarifas dolarizadas sobre espacios de tiempo mínimos, sin límite.

La mayoría de los temas de la profunda crisis habitacional porteña han sido abordados por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis en la investigación llevada a cabo a comienzos de abril del año en curso por el movimiento “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos” nominada “La ausencia de una política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires”.

A pesar de que hace más de setenta años que no hay variantes cuantitativas ponderables de la población porteña, las condiciones habitacionales de sus habitantes se han ido agravando aceleradamente.

El otro Macri (Jorge) opta por eliminar el apoyo del Estado a hogares que padecen situaciones de déficit habitacional o necesitan acceder a una vivienda. Elige secundar a la política nacional de ajuste del presidente Milei para frenar lo que el jefe de Gobierno llama el “despilfarro”.

Los investigadores por su parte señalan que bien “podría haber eliminado todos los beneficios (privilegios) fiscales que su antecesor Rodríguez Larreta otorgó a las grandes corporaciones económicas el año pasado, a cambio de apoyo electoral. Estamos hablando de cientos de miles de millones que dejó de recaudar la ciudad”.

Se hace imposible acceder a la vivienda propia sin el inexistente auxilio estatal con créditos blandos y de amortización extensa.

Destacan Baldiviezo-Koutsovitis al respecto:

“El proceso de inquilinización de la ciudad avanza en paralelo a la construcción de viviendas suntuosas no habitadas.

Pasamos de ser una ciudad donde casi la totalidad de las familias eran propietarias de las viviendas que ocupaban hace unas décadas, a la actualidad, donde el 40% de las familias son inquilinas.

El 15% de la población porteña habita en villas y asentamientos en condiciones de hacinamiento y sin acceso a los servicios públicos más básicos.

Cada vez son más las personas y familias en situación de calle.

No hay ninguna nueva operatoria para el acceso a la vivienda social en el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Es más, la mayoría de las obras que se venían ejecutando en el marco de los procesos de reurbanización en algunas villas porteñas están frenadas o suspendidas.”

En estas circunstancias el subsidio –por ahora mantenido– para quienes se encuentran en emergencia habitacional que otorga el Gobierno porteño de 50 mil pesos suena humillante. Una suma que, como se sabe, a los valores actuales, no alcanza para el alquiler de una habitación con baño compartido en un hotel de mala muerte.

Por su parte la justicia porteña ordenó al Poder Ejecutivo elevar esos montos sin respuesta alguna del Ejecutivo, circunstancia que ha generado un enorme cúmulo de cautelares que, como tales, no tienen  resolución definitiva.

La emergencia habitacional no es parte de la agenda del Jefe de Gobierno, quien ni siquiera mencionó el tema en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña.

En el presupuesto anual se adjudica una suma determinada –una partida– a un propósito de Gobierno, en este caso vivienda. Si esa partida no se ejecuta –se sub-ejecuta–, se pierde como “otorgada” y el dinero asignado vuelve al banco de origen y necesita ser discutido y reasignado el año siguiente.

El año pasado –2023–, se sub-ejecutaron en vivienda alrededor de 280.000 millones de pesos. Ese dinero hubiera permitido generar con distintas operatorias más de 7.000 “soluciones habitacionales”.

Lo sub-ejecutado en 2022, por su parte, de acuerdo al cálculo de aquel entonces, también nos habría permitido generar casi 10.000 nuevas “soluciones habitacionales”.

De donde viene este “abandono”: durante el “menemato” el Estado abandonó la política de créditos para la vivienda.

Allá por 1997 una resolución de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) instala un conjunto de disposiciones que terminarían originando tres años después la ley 341 que le ordenaba al GCABA otorgar créditos sociales individuales y colectivos para que la población pudiera acceder a la vivienda en propiedad.

Esta resolución surgió por la lucha de un conjunto de familias del barrio de La Boca, organizadas en la Asamblea de Desalojados de La Boca, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y el comedor Los Pibes, frente a los desalojos masivos en inquilinatos y conventillos. Mediante esta resolución, la Comisión Municipal de la Vivienda otorgaba créditos para financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas para familias en emergencia habitacional.

Con este antecedente, en el año 2000 –durante la jefatura de Gobierno de Enrique Olivera–, la Legislatura porteña sancionó la Ley 341 –publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril de 2000– que otorgaba créditos hipotecarios a tasa preferencial a los hogares en situación crítica habitacional. Los créditos de esta ley estaban destinados a la compra o construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar, obras destinadas a ampliación o refacción, y a la compra de edificios y obras destinadas a su rehabilitación.

En todos los casos, el financiamiento lo garantizaba el Instituto de la Vivienda (IVC), las familias pagaban sus cuotas y la garantía de pago era una hipoteca a favor del IVC.

Lo novedoso era que incorporaba a las organizaciones sociales como sujetos de crédito y les brindaba el marco necesario para que pudieran autogestionarse la ejecución de sus propias viviendas. Bajo su amparo surgieron las llamadas cooperativas de viviendas sociales.

Estas políticas de crédito financiaban la demanda habitacional a través de préstamos económicos a tasa preferencial o subsidiada. Es decir, los aportes que hacía el Gobierno eran reembolsables porque lo que se subsidiaba era la tasa de interés y no la totalidad del préstamo. Si esa política se hubiera sostenido y fortalecido, habría permitido generar un círculo virtuoso de acceso al crédito hipotecario.

Desde la gestión macrista, esta ley fue paulatinamente desfinanciada hasta llegar a su paralización.

La Defensoría del Pueblo sostiene que los créditos individuales de la Ley 341 han experimentado a partir del año 2007 una sistemática tendencia decreciente.

En total, la operatoria otorgó 2.928 soluciones habitacionales, con un promedio de 154 créditos por año. Ese número bajó abruptamente a 111 entre 2007 y 2012 inclusive y, desde 2013, momento en el cual se implementó por primera vez el sistema de puntajes, el promedio de créditos apenas supera los 45 por año.

De acuerdo a la respuesta a un pedido de información realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad sobre el crítico período entre 2020-2023, no se adjudicaron nuevos créditos y sólo se llegó a realizar una escritura de adjudicaciones previas. En esta respuesta del 25 de marzo de 2024, el IVC informó que “la operatoria de créditos Ley 341 individual se encuentra discontinuada hasta la fecha”.

“Jorge Macri, a través del IVC y del Banco Ciudad, decidió que el GCABA se desentienda absolutamente de su obligación de garantizar el acceso a la vivienda en propiedad a la población. Desde el GCABA no existe ninguna línea de crédito para vivienda que esté en funcionamiento.”

Según los investigadores citados “El objetivo oculto pero estructural de la actual gestión es avanzar en la consolidación de una ciudad donde la mayoría de la población sea inquilina y un grupo cada vez más minoritario de propietarios se adueñe de toda la ciudad.”

“El proceso de inquilinización de la ciudad avanza en paralelo a la construcción de viviendas suntuosas no habitadas.”

 Cabe preguntarse entonces. Como sucede en otras grandes urbes del mundo ¿No es posible una sanción impositiva a la vivienda ociosa que permita mejorar esta grave crisis habitacional?

El censo de 2010 ha aportado un dato revelador: hay 341.000 viviendas deshabitadas en la Ciudad.

Las disposiciones sobre vivienda especulativa no son novedosas. Están vigentes en Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España, grupo donde sobresalen Austria, Luxemburgo y Nueva Zelanda con legislaciones de extrema dureza. Y nuestros vecinos americanos también aportan lo suyo: Colombia, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Brasil, sostienen legislaciones al respecto, por lo que la reciente presentación de Inquilinos Agrupados para forzar el alquiler de las viviendas porteñas que permanezcan vacías por más de 90 días sin una razón expresa que lo justifique, no aparece como utópico.

Un Estado ausente cuyo único propósito parece ser equilibrar las cuentas fiscales desentendiéndose de sus responsabilidades vitales, precipita al inerme desamparo habitacional a un enorme núcleo de la población que ve al alquiler como una lejana utopía y comienza a mirar con codicia los espacios bajo autopista.

La casa propia, si no proviene hereditariamente de la que lograron los viejos en otros tiempos, ya se ha enterrado como “misión imposible”.

¡Ajo y agua! Se trata de la “libertad carajeada” que supimos conseguir…
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