dos septiembres, dos golpes

Es habitual asociar el mes de septiembre con la llegada de la primavera, el ciclo de renovación de la naturaleza, el prefacio del goce de los frutos del verano. Lamentablemente no es el tema que nos ocupa. Septiembre nos trae a la memoria dos momentos de quiebre institucional en nuestra historia, los golpes de Estado de 1930 y de 1955.

A partir del 6 de septiembre de 1930 se inicia en nuestro país un continuo de golpes de Estado: 1943, 1955, 1961, 1966 y 1976.
El golpe contra el segundo gobierno de Yrigoyen inicia el nefasto período de la Década Infame y se constituye en el comienzo de la desarticulación del Estado de derecho, prefacio de un período de trece años de fraude electoral, exclusión popular, persecución, tortura y aumento de la dependencia del país a las potencias extranjeras.
Con el golpe que derriba al segundo gobierno de Perón, comienza un ciclo de irregularidad institucional, ya que excluye de la participación del derecho democrático a la mayoría del electorado; un ciclo generador de continuas luchas sociales y políticas que desembocaría en la represión y el terrorismo de Estado ejercido por sucesivas dictaduras culminando con el genocidio del Proceso.

Más allá de las particularidades de los contextos históricos de 1930 y 1955, los militares que llevaron a cabo ambos golpes fueron la mano ejecutora que respondía a grupos políticos y sectores sociales opuestos a gobiernos de corte popular, a la inclusión de las mayorías y a la redistribución del ingreso.
La llegada del radicalismo al poder en 1916 aspira a tener una política internacional independiente contraponiendo la doctrina del jurista Luis María Drago a la doctrina Monroe: “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”. Drago elaboró su doctrina debido a que a fines de 1902 las costas de Venezuela fueron bombardeadas por tropas navales de Gran Bretaña, Alemania e Italia. El objetivo de esta intervención era exigir el cobro de las deudas contraídas por el gobierno venezolano con empresarios europeos. El gobierno norteamericano justificó este accionar con el llamado “primer corolario Roosevelt”, que respaldaba la intervención de potencias externas para el cobro de deudas, como en el caso de Venezuela.

En 1920 el proyecto de Yrigoyen de crear la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales genera las protestas de Estados Unidos. Cuando en 1922 es nombrado al frente de YPF el general Enrique Mosconi, los petroleros se afilian a la Unión Industrial Argentina, que establece a tal efecto un área de combustibles. En abril de 1928 Yrigoyen comienza su segunda presidencia y confirma en su cargo a Mosconi, quien impulsa no sólo la exploración y explotación de las reservas sino que también inicia la comercialización de hidrocarburos abriendo estaciones de YPF en todo el país e imponiendo precios uniformes para el petróleo y sus derivados. La embajada de Estados Unidos en la Argentina inicia una campaña contra el gobierno.

Durante su segunda presidencia, Yrigoyen se vuelca hacia una política de corte más populista, de fuerte inversión en obra pública y la consecuente generación de empleo; la nacionalización del petróleo es una de las herramientas de su estrategia para no perder el favor del pueblo frente a los constantes embates de los conservadores. Por otra parte, la división de su propio partido y la oposición de los radicales liberales, los galeritas, en realidad más conservadores que liberales, opuestos a la reforma universitaria, las leyes de jubilaciones y alquileres y a la nacionalización del petróleo, comienzan a trabajar para minar su gobierno, ya que no podían disputarle el poder por el voto popular dada la incuestionable hegemonía electoral con que ganara en 1928.
En 1929 comienza la crisis mundial que culminaría con la caída de Wall Street de 1930 y frente a esta debacle la política de inversión nacional ya no es posible. Caen los precios internacionales del trigo y la carne, disminuye la exportación y comienza a aumentar la desocupación. La coyuntura es propicia a la oposición, que sueña con el retorno al viejo modelo agropecuario de país. El 6 de septiembre de 1930 el general José Félix Uriburu marcha frente a 1.500 hombres para apoderarse de la Casa Rosada; mientras, grupos civiles antiyrigoyenistas queman las sedes del partido Radical y los periódicos oficialistas “La Calle” y “Época”.
Uriburu representaba a capitales alemanes e integraba el directorio del Banco de Finanzas y Mandatos. Semanas después del golpe, el ministro de Agricultura, de quien dependían los hidrocarburos, trazaba la política petrolera argentina, la que abandonaba todo proyecto de nacionalización. El ministro, Horacio Beccar Varela, era abogado del First National City Bank, con conexiones con la Banca Morgan y miembro del directorio de la Compañía “Argentina” de Comodoro Rivadavia, de capitales británicos y socia de los ferrocarriles británicos.
Estados Unidos, por su parte, aclama la caída de Yrigoyen y el “New York Times” y el “New York Herald” festejan la “nueva” fase de la Argentina entrevistando a Uriburu pocos días después del golpe. EE.UU. y Londres prestan inmediato reconocimiento a Uriburu como presidente.
Con Uriburu la crisis económica iniciada en 1930 sólo la pagaron los sectores medios y bajos, la redistribución del ingreso cayó exponencialmente, ya que se redujeron los salarios de los obreros industriales, los empleados y los trabajadores rurales. En cambio, los grandes ganaderos se beneficiaron con el leonino pacto Roca-Runciman, que aseguraba todos los beneficios comerciales para Gran Bretaña, que sólo aportó la promesa de “seguir comprando carne argentina”.

El 24 de febrero de 1946 la coalición que lleva a Perón a la presidencia de la Nación obtiene 1.487.886 sufragios, y la Unión Democrática, 1.207.080. La fórmula era Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano, perteneciente a un sector escindido del partido radical. Este acuerdo político cuenta con el apoyo de medianos y pequeños empresarios que esperan obtener mejoras para la actividad industrial. Se inicia una época marcada por la política social y el desarrollo económico.La nacionalización de la banca y las empresas, la redistribución del ingreso, el crecimiento y la participación en el PBI de los sectores del trabajo, que aumenta en más del 30 %, son sólo algunas de las muchas medidas para el desarrollo tomadas por el gobierno, que, en 1946 crea Gas del Estado e impulsa la construcción del primer gasoducto, cuyo recorrido, desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, se constituye en el más largo existente en el mundo al año de su inauguración, 1949.
Comienza la etapa de sustitución de importaciones y para desarrollarla se crea el Instituto Argentino para la Industria —IAPI—, que opera como negociador directo con el mercado nacional y el internacional, sin la mediación de los grandes monopolios, como sucedía hasta entonces. El sector industrial es promovido y se le suministran grandes capitales.
En 1951 Perón obtiene 4.745.157 votos (62%) contra el candidato de la U.C.R. que logra 2.406.050 (32%). En el resto de los partidos se reparte el 4% de los sufragios. Durante la campaña se produce una sublevación militar —que fracasa— encabezada por el general Benjamín Menéndez.
El descontento de los sectores altos, especialmente de la oligarquía agrícola-ganadera debido al apoyo del gobierno hacia el sector industrial, de la cúpula de la Iglesia y de grupos políticos conservadores y socialistas, lleva a que algunos, con manifiesta intencionalidad política, otros cooptados, engañados o corrompidos, golpeen a las puertas de los cuarteles.

Ya desde 1945 se habían producido intentos de golpes militares por parte de la reacción al gobierno de Perón y, en 1953, se inician nuevos movimientos conspirativos por parte de la Marina, con epicentro en la Base Naval de Puerto Belgrano.

A comienzos de 1955 un grupo de oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea promueven otro levantamiento.
El 16 de junio, a mediodía, treinta y cuatro aviones de la Marina de Guerra que habían estado sobrevolando la ciudad inician sus bombardeos y ametrallamientos en la Plaza de Mayo. El ataque cae sobre la población civil; las primeras víctimas son los ocupantes de ómnibus de transporte público, un trolebús recibe una bomba que mata a todos sus ocupantes.

El bombardeo de junio es el antecedente directo del levantamiento cívico-militar que se produciría el 16 de septiembre, con Lonardi y Rojas a la cabeza. Con el golpe comienza la derrota de un proyecto de país en que la economía cuenta con la presencia protagónica del estado y las políticas públicas y la legislación se asientan en el concepto de justicia social.

Muy pronto el gobierno de facto disuelve el Congreso e interviene las provincias, las universidades y los medios de prensa oficiales. Poco después comenzarían los fusilamientos.

6 de septiembre de 1930, 16 de septiembre de 1955, militares derrocando a gobiernos elegidos por el pueblo, golpes contra la inclusión de las mayorías y su derecho a participar en la redistribución del ingreso, contra la distribución del mismo en el sector secundario —la industria— por los que consideran que sólo debe favorecerse al sector primario —el agroganadero—, golpes fogoneados por los beneficiarios de la transnacionalización de la economía, de la transferencia de fondos nacionales a los centros de poder económico, golpes a favor del capitalismo financiero y la privatización de los ingresos. Golpes que benefician a los mismos de siempre y que apoyan algunos que jamás serán beneficiados, pero que no lo saben. O no quieren saberlo.