Una ley para tirar (a) la basura

Finalmente, en la Sesión Ordinaria del jueves 3 de mayo la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la modificación de la Ley “de Basura Cero” 

Finalmente, en la Sesión Ordinaria del jueves 3 de mayo la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la modificación de la Ley “de Basura Cero” (Ley N° 1854), para permitir la “termovalorización”, un nuevo método de  incineración que permite la combustión controlada de residuos para reducirlos al 10 por ciento de sus volúmenes y generar energía. También se ampliaron los plazos para el cumplimiento de objetivos.

Cabe señalar que la ley Nº 1.854 de gestión integral de residuos sólidos urbanos  o de “basura cero”, que el oficialismo propuso modificar, es una ley que fue sancionada por unanimidad en el 2005 y reglamentada en el 2007, por lo que los éxitos o fracasos en el cumplimiento de la norma son exclusiva responsabilidad de la actual gestión de Gobierno porteño que desde el año 2007 hasta el presente administra la Ciudad de Buenos Aires.

La ley definía como “Basura Cero”  a la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado. La iniciativa de su modificación actual ante el fracaso de su cumplimiento fue del Poder Ejecutivo, que planea importar de Europa hornos de avanzada tecnología para aplicar el sistema denominado “termovalorización”. 

 Hubo también un proyecto del diputado Marcelo Depierro (MC), del interbloque Evolución, y varias reuniones de las Comisiones de Ambiente y de Obras y Servicios Públicos, donde se hicieron modificaciones a pedido de organizaciones ecologistas, cooperativas de recicladores y entidades vecinales. Myriam Bregman (FIT) había hecho observaciones relativas a procedimientos del oficialismo citados en (http://www.periodicodesdeboedo.com.ar/basura-el-tema-mas-propicio/) y pidió el archivo del proyecto.

Finalmente se elaboró un despacho conjunto de mayoría de ambas comisiones, que fue debatido y actualizado aún en el propio recinto al momento de la votación en particular. La ley fue resistida por la oposición y terminó sancionándose luego de la intensa sesión por 36 votos positivos de Vamos Juntos, Gen y MJ y 22 votos negativos del resto de las bancadas.

“Es necesaria la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos, entre ellas, la valorización energética”, sostuvo el dictamen conjunto que firmaron en mayoría los legisladores oficialistas, en consonancia con los fundamentos de la Jefatura de Gabinete.

El artículo 7°, uno de los modificados, dice ahora que “queda prohibido, desde la publicación de la presente, la combustión de residuos sólidos urbanos sin recuperación de energía, especialmente cartón, papel y polietileno.  Asimismo queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos de esta ciudad que tenga por objeto la combustión sin recuperación de energía en otras jurisdicciones.”

Un artículo 7° bis incorporado señala, entre otras modificaciones, que “Se prohíbe el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes de todo circuito de recolección diferenciada implementado con exclusividad para esta fracción por la Autoridad de Aplicación en materia de residuos”. 

Otra importante modificación se introduce en el nuevo artículo 33° bis que dispone en su inciso
c: “La gestión de los residuos resultantes de la combustión debe realizarse según las normas vigentes para el tratamiento de residuos, en particular las cenizas volantes que deben ser consideradas como residuos peligrosos“.

Uno de los requisitos legales (art.52° bis) es que “los residuos sólidos urbanos podrán ser pasibles de valorización energética cuando estos no hayan podido previamente ser recuperados y/o reutilizados en los centros de selección, acondicionamiento o tratamiento” y que “se deberá garantizar la protección de la salud de las personas y del ambiente”.

El proyecto fue intensamente debatido en el recinto, tal como había ocurrido antes en las reuniones de comisiones, con la presencia en las gradas de ambientalistas, recicladores y vecinos. Hablaron los diputados Mercedes de las Casas Gastón Blanchetiere (VJ), como miembros informantes y presidentes de las comisiones de Ambiente y de Obras y Servicios Públicos, respectivamente. También hicieron uso de la palabra Myriam Bregman, Fernando Del Corro (PTS-FI) y Gabriel Solano (FIT), Marta Martínez (AyL), Inés Gorbea (S+), Mariano Recalde (UC), Sergio Abrevaya (Gen), Roy Cortina (PS), Marcelo Depierro (MJ) y María Rosa Muiños (BP).

Durante el debate se realizaron serios informes sobre las consecuencias de la incineración masiva de RSU: El derroche masivo de recursos, contaminación ambiental y afectación a la salud de la población, generación de gases de efecto invernadero, sobre que no es una fuente de energía renovable, la destrucción de fuentes de trabajo para los sectores populares, manifestaciones de que se trata de una tecnología antigua y cara, que son elevados los costos de inversión por kilovatio de capacidad instalada (US$/kw) de las plantas WtE comparados con otras fuentes de generación de energía, que genera escasos puestos de trabajo, que no contribuye a generar conciencia en la población de la necesidad de disminuir la cantidad de residuos y que compite con el reciclado y la economía circular.

Señala el Observatorio del Derecho a la Ciudad que El Despacho de comisión 87/2018 tratado y votado en el recinto, tiene un contenido netamente ambiental. Para la Constitución de la CABA, las leyes ambientales requieren ser tratadas bajo el procedimiento de doble lectura por considerarse modificatorias del Código Ambiental.

Cabe destacar que el procedimiento de doble lectura garantiza la participación ciudadana a través de la convocatoria a audiencia pública, operativizando el art. 1º de la Constitución porteña que establece que la Ciudad se organiza bajo una Democracia Participativa.

Desde el oficialismo, Mercedes de las Casas enfatizó que el proyecto enviado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad “ha tenido muchísimos cambios; todos fueron escuchados, todos incluidos, hemos tomado todas las modificaciones propuestas porque queremos una ley con el consenso de todas las partes”, argumentó. Negó que la norma afecte a los recicladores, afirmó que hay 5 artículos, en una ley de 10, destinados a garantizar esa actividad y señaló que este año el presupuesto destinado a esa tarea de separación de residuos se aumentó en 690 millones de pesos.

En representación del bloque Unidad Ciudadana, Mariano Recalde habló “del fracaso de los últimos diez años de gestión en la Ciudad” por no haber cumplido las metas de la ley de Basura Cero, fustigó “el desprecio por el trabajo y la voracidad por los negocios” y estimó el costo de esas plantas en unos 500 millones de dólares cada una y tras mencionar que se instalarían siete, enumeró cuántas obras de carácter social o educativo podrían hacerse con esos fondos.

Suma +, a través de Inés Gorbea , planteó su oposición al proyecto oficialista, afirmando que “se intenta desvirtuar la ley de Basura Cero”, cuantificó que “el 85% del presupuesto en la materia se gasta en recolección indiferenciada, por lo que apenas se reciclan 400 toneladas por día de basura”, que es una mínima proporción (se estima entre 6.000 y 7.000 el tonelaje total de cada día). También acotó que “llegamos tarde a la “termovalorización”, cuando en Europa ya es una tecnología en desuso”.

Desde los bloques de izquierda las críticas fueron severas desde lo ambiental, económico, laboral y hasta el manejo mediático del tema. El PS también se opuso porque aseguró desconfiar de los controles, como indicó Roy Cortina (PS), mientras que Sergio Abrevaya (Gen) argumentó a favor porque consideró que “lo más riesgoso en cuanto a contaminación es el actual enterramiento de la basura y máxime si le enterramos al otro, en el Conurbano, cuando la Ciudad debe resolver qué hace con sus propios residuos”.

María Rosa Muiños (BP), a su vez, coincidió en que “no podemos seguir enterrando la basura y menos en otro distrito”, ponderó que se haya modificado el proyecto original del Gobierno pero igualmente anunció el voto en contra del Bloque Peronista en desacuerdo con las soluciones propuestas. Marcelo Depierro (MJ), en tanto, defendió su proyecto “alternativo” pero terminó adhiriendo al despacho de comisiones que tomó algunas de sus propuestas.

El texto definitivo de la norma votada terminó siendo actualizado en el recinto, al momento de la votación en particular y los cambios de último momento fueron en el sentido de reafirmar la continuidad del sistema de reciclado y separación y el control de posibles contaminaciones.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Jonatan Baldiviezo señala que:

Las grandes inversiones que realizó el gobierno de la ciudad fueron la puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento mecánico y biológico. Estas plantas están diseñadas para recibir todos los residuos mezclados que las empresas de recolección recolectaban indiscriminadamente. Estas plantas tienen un alto índice de rechazo y el residuo orgánico es de muy mala calidad y no sirve como abono. 

Por lo tanto, en vez de invertir en campañas efectivas de separación en origen y disposición inicial selectiva prefirió no interferir en el negocio de las empresas de recolectar y transportar, como tampoco en el negocio del CEAMSE de transferir y enterrar dado que los residuos seguían siendo enviados a las plantas que se encontraban en terrenos de esa sociedad. 

Nunca fue intención del gobierno de la ciudad afectar el orquestado negocio de la basura y ahora quiere generar otro con la incineración. Es decir, que continuaría la lógica de recolectar residuos indiscriminadamente y enviarlos a plantas de incineración en terrenos de la CEAMSE y otros. 

 

Nuevo centro de separación de residuos secos

Con despacho de la Comisión de Planeamiento Urbano y por iniciativa del Ejecutivo de la Ciudad, los diputados  aprobaron hoy en primera lectura la nueva zonificación de una manzana, en el barrio de Saavedra, para permitir que allí se levante un “Centro de separación de Residuos Sólidos Urbanos Secos Semi-Automatizado”.

Se trata del polígono delimitado por las calles Holmberg, Deheza, Av. Parque Goyeneche y Arias, (Comuna 12) que quedó ahora afectado como zonificación E4 – Equipamiento Especial “Higiene Urbana”, a los fines de instalar allí esa nueva planta de tratramiento denominada MRF (“Material Recovery Facility”).

“Las plantas de tratamiento MRF se caracterizan por utilizar tecnología de vanguardia para clasificar y separar en forma automática aproximadamente 10 toneladas por hora de residuos secos. Así, estos residuos son separados en papel, cartón, PET, metales ferrosos, plásticos en general, polietileno expandido, etc.”, explican los considerandos del dictamen de la comisión legislativa.

Se argumentó que “por el tipo de residuos tratados, estas plantas no generan ningún tipo de olor, ni comportan emanación de gases ni ningún otro contaminante que pueda perjudicar la salud de las personas”.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Dirección General de Prensa y Difusión Legislatura de la CABA – Perú 130
Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)

 

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