Facultades extraordinarias a la policía

Bullrich oficializó un nuevo Estatuto para la Policía Federal Argentina. Mario Bellocchio

En un acto frente a los cuadros de comando de la Policía Federal, la ministra Bullrich oficializó un nuevo Estatuto para la Policía Federal Argentina. Organismos de Derechos Humanos advierten que se profundiza un modelo represivo sin límites, con mayor poder de fuego y menor rendición de cuentas. Una reforma de la Policía Federal sin el Congreso, vale decir, más facultades sin orden judicial.

La prestigiosa ONG, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que el GCABA (Gobierno porteño) define como “una organización no gubernamental (ONG) que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los Derechos Humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina”, acaba de presentar su análisis de la situación.

Dice el informe del CELS:

“Con la reforma de la ley orgánica de la PFA por decreto, agentes de la policía podrán realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales.

Policía Federal

El gobierno nacional decidió reformar la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA). A través de un decreto delegado (383/2025), cambia su perfil y lo enfoca en la prevención e investigación de delitos complejos y en la “seguridad del Estado”. La falta de claridad en muchas de las modificaciones abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial.

Esta transformación va en línea con las políticas de seguridad de Patricia Bullrich que, bajo una narrativa de modernización, entrega facultades discrecionales y controles débiles sobre la actuación de esa fuerza.

La reforma por decreto de la PFA evita una discusión tan relevante como el cambio de objetivos, funciones, misiones y el propio enfoque de seguridad que debe tener esa fuerza policial. El nuevo decreto incorpora la idea de seguridad “del Estado”, que no está presente en la actual ley de Seguridad Interior y marca un cambio de paradigma respecto de la doctrina que predominó desde la recuperación democrática, centrada en la seguridad pública o de la ciudadanía.

Este decreto dispone que la misión principal de la PFA es prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos. Pero la construcción de una “agencia federal de investigación” puede hacerse de maneras muy diferentes. Porque una cosa es considerar que la criminalidad compleja es uno de los problemas más serios y que debe ser desarticulada con eficacia, para lo que hay que poner el foco en la violencia, las connivencias institucionales y la ruta del dinero. Y otra es utilizar la gravedad del asunto para promover la ampliación de facultades policiales, el debilitamiento de los controles a la actuación de las fuerzas de seguridad y de las garantías para las personas. Este último fue el camino elegido por la “Ley Anti Mafia”. En el mismo sentido se orienta esta reforma que hizo el Ejecutivo de la Policía Federal Argentina. Otorga numerosas facultades sin orden judicial: de detención (a contramano de las obligaciones que se desprenden del fallo de la Corte IDH en el caso Bulacio), de ciberpatrullaje, es decir, la posibilidad de espiar fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales) y la posibilidad de realizar requisas en situaciones indefinidas denominadas ‘operativos de prevención’.

También se agrega como funciones de la PFA ‘colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad’ y se suman artículos que permiten la intervención de esta policía en diversas jurisdicciones, lo que podría justificar la decisión política del gobierno nacional de reprimir la protesta en la Ciudad de Buenos Aires.

La constitucionalidad de este decreto está en discusión. La reforma excede las facultades del Poder Ejecutivo, a pesar de que se invocan las delegadas por la ‘Ley Bases’ como fundamento para la decisión. El texto cita los artículos 2 y 3 que refieren a una reforma eficaz del Estado y a la modificación de competencias y funciones. Sin embargo, lo que se está haciendo en los hechos no es una reforma administrativa, sino una transformación sustancial en seguridad –con un impacto en la vida privada, en la libertad de circulación, entre otras garantías–, que no fue delegada por la Ley Bases.

En las jurisdicciones en las que se modificaron las leyes orgánicas de las policías o las leyes locales de seguridad (CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco, entre otras) el debate siempre se dio a través de un proceso legislativo. Además, la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal por decreto no cumple con la obligación constitucional de regular cuestiones penales tan importantes como la facultad estatal para realizar requisas y vigilancia secreta, por ley formal, es decir por una ley sancionada por el Congreso.

Todas estas modificaciones se vuelven más graves en un momento en el que observamos indicios de procesos de politización del aparato de seguridad y que se suman al contenido de un Plan Nacional de Inteligencia de la SIDE, que amplía el secreto y el espionaje a periodistas y opositores.”

Ahora sí podrán apalear jubilados.

Hasta ahora lo hacían impunemente. Desde ahora estarán amparados por una legalidad de dudosa procedencia –una ley necesita ser dada de baja por el Congreso para habilitar un decreto que la sustituya–, “legalidad” que incluye la habilitación –para eso sí, hay plata– para compra de equipos: “la compra de bienes de uso, la adquisición o el desarrollo de soluciones tecnológicas, la realización de estudios y el rediseño de procesos para la modernización de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA (art. 6º)”

 ARBIA (Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina) denuncia en un comunicado:

“Desde ARBIA denunciamos públicamente el avance del Estado sobre las libertades fundamentales consagradas por la Constitución Nacional, como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el ejercicio libre del periodismo, a raíz del reciente decreto que impone una nueva doctrina operativa a la Policía Federal Argentina. El nuevo Estatuto de la PFA, aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 14 de junio, habilita mecanismos de vigilancia digital sin control judicial, detenciones arbitrarias por presunción de delito, requisas sin orden judicial y registros encubiertos sobre la actividad periodística y ciudadana.

Rechazamos tajantemente esta normativa, que representa un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos, bajo el pretexto de la “seguridad”. No es seguridad lo que se garantiza: es miedo, intimidación y persecución política encubierta.

Como medio de comunicación, nos sentimos directamente amenazados por las siguientes disposiciones:

• La posibilidad de ser monitoreados en redes sociales sin orden judicial, afectando nuestra línea editorial, la participación de nuestra audiencia y la libertad de prensa.
• La legalización de detenciones sin orden judicial de periodistas, cronistas o cualquier ciudadano, solo por ‘sospecha’ o ‘presunción subjetiva’.
• El uso de bases de datos públicas y privadas por parte de las fuerzas de seguridad para rastrear y clasificar a personas vinculadas a actividades legítimas como la crítica, la protesta o la denuncia.

Denunciamos que esta doctrina policial es incompatible con un Estado de Derecho y que viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y compromisos internacionales firmados por la República Argentina en materia de derechos civiles y políticos.

Advertimos que no vamos a callarnos. No nos vamos a arrodillar. No van a silenciar a la prensa independiente.

 Convocamos a organismos de Derechos Humanos, medios de comunicación, sindicatos de prensa, universidades y ciudadanos libres a manifestarse en contra de este intento de disciplinamiento institucional.

La libertad no se negocia.”

ARBIA (Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina)