El delito de pintar
Seis activistas fueron detenidas en la madrugada del 7 de marzo pasado por hacer pintadas convocantes para la marcha “8M” y ahora se las imputa por daño simple agravado denunciadas por cuatro individuos que se sintieron afectados por su accionar
“Llamaron al 911 como si fuera un delivery de violencia institucional” –relata la abogada Gabriela Carpineti, representante legal de las imputadas.
En los hechos, cuatro individuos que dijeron pertenecer a la Iglesia Santuario Jesús Sacramento de la avenida Corrientes 4441, sintiéndose afectados como feligreses de ese templo por las pintadas de las acusadas en sus muros, decidieron asumir el rol de denunciantes –acción conocida en el lenguaje popular como “botoneo”– a través de una llamada al 911, dada la “gravedad” de los hechos que pusieron en conocimiento de la fuerza pública.
En principio parece que el convite de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien presentó una aplicación para teléfonos celulares que permitirá realizar denuncias anónimas sin necesidad de presentarse en una comisaría, tiene rápidos adherentes.
Estos paladines de la justicia, sin embargo, no son anónimos, tiene nombre y apellido. Y seguramente estarán orgullosos de que su filiación se publique y se sepa quiénes defienden con sus denuncias la pureza de los muros de su fe. Ellos son Gabriel Omar Fittante, Juan Manuel Báez Rívora, Carlos Esteban Mater y Nicolás Djudjic.
Lo cierto es que ahora, las seis militantes corren riesgo de ser condenadas por poner en práctica su intención de difundir en las calles la marcha del 8M pintando consignas para convocar al histórico paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de este año llevado a cabo en Argentina y otros 52 países. Se les imputa el delito de daño simple y agravado por escribir “Lesbianas”, “8M”, “Paro” y “El Patriarcado se va a caer”, con aerosol de colores negro y rojo –las “armas” secuestradas por la policía– en paredes de una iglesia y dos bancos del barrio de Almagro.
La defensa pidió la nulidad de las actuaciones, alegando que “los cuatro se hicieron pasar por policía para llevar adelante una detención arbitraria” –circunstancia que queda expuesta en el video que presentaron como prueba– Y sucesos, también documentadas por la propia filmación, tales como ciertas expresiones de los denunciantes. Se los escucha claramente decir “Tranquilas somos policías”, sin que se advierta la presencia de ningún uniformado. “La filmación desmiente la versión dada por los civiles, que afirmaron que iban corriendo de atrás con policías”, dice el escrito. Uno de ellos, señala la presentación, incluso, empuja a una de las jóvenes y le dice “andá para allá”. También presentaron como prueba las grabaciones de los diálogos entre denunciantes y operador del 911, para pedir a la policía que las detenga y dan cuenta de que las están persiguiendo.
“Se nos escapan. Estamos tratando de seguirlas para que se puedan detener pero no viene ningún móvil”, dice uno de ellos, en diálogo con el operador del 911, según consta en el expediente. Para el jueves 13 de julio, el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires N° 25, Ladislao Endre, convocó a una audiencia oral y pública, en la que se analizará el pedido de nulidad.
Las seis activistas, pertenecientes a distintos espacios feministas, fueron detenidas en la madrugada del 7 de marzo y liberadas luego de permanecer privadas de su libertad por más de 12 horas, en la comisaría 9ª. “Es una forma de silenciarnos. Pedimos que se declare la nulidad de la causa y se investigue el accionar policial. Reclamar y protestar contra los femicidios y las violencias es un derecho de todas. Hay seis compañeras imputadas por hacer pintadas mientras no hay políticas públicas eficaces para prevenir los femicidios”, advirtieron desde el Colectivo Ni Una Menos.
Para la defensa hay una “desproporción entre el daño material del que son acusadas y la violencia civil e institucional que las mismas sufrieron por parte de los denunciantes y los agentes policiales”.
El matutino Página|12 informa a su vez sobre otros casos contemporáneos de acusaciones a mujeres que pretenden difundir sus actividades o participar de las mismas:
“No es la única causa abierta esta año en la que están criminalizadas mujeres por realizar pintadas con consignas feministas: en El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano, cercano al macrismo, denunció también penalmente a la concejal del FpV Rosa Monsalve, por pintadas callejeras realizadas en el marco de la marcha del 3 de junio, en las cuales no tuvo ninguna participación. Estos episodios se suman a las detenciones arbitrarias de una veintena de personas –15 mujeres y 5 varones– algunas horas después de finalizada la marcha del 8M en los alrededores de la Plaza de Mayo y por las cuales la justicia está investigando el accionar de los efectivos de las policías de la Ciudad y Federal que actuaron esa noche, causa en la que es querellante el CELS. A las 20 personas, que habían marchado esa tarde, se les imputa haber participado de los incidentes que ocurrieron al finalizar la movilización frente a la Catedral: puntualmente de haber lesionado a un policía con fuego y haber realizado rayones a un camión hidrante, además de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Entre las imputadas está Laura Arnés, investigadora del Conicet y colaboradora de Página|12, cuya defensa está a cargo del CELS, que fue detenida junto a dos amigas a la salida de una pizzería, a 200 metros de la Catedral –por la cantidad de gente que marchaba, ellas dijeron que nunca pudieron llegar a la Plaza de Mayo– y varias reporteras gráficas del Ministerio Público de la Defensa. La causa tramita en el juzgado de Instrucción N°35. En las grabaciones de las cámaras de seguridad y de las coberturas televisivas que registraron los disturbios, que se están peritando, no se puede identificar a ninguna de las mujeres detenidas”.
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