“Los muertos no pagan las deudas” (Néstor Kirchner)

Textual: el documento de los senadores del Frente de Todos que votaron contra el acuerdo con el FMI

 

CRECER PARA PAGAR: ¿ES POSIBLE CON ESTE PACTO?

En el presente documento pretendemos, desde nuestra “verdad relativa” y conscientes de la enorme responsabilidad y el alto honor de ser representantes de las provincias argentinas en este Congreso de la Nación Argentina, ofrecer de manera lo más clara posible los argumentos de nues­tro voto en la sesión parlamentaria celebrada en el día de hoy.

La posición no es espasmódica ni repentina, sino que es el resultado de un proceso, no exento de tensiones y debates, que naturalmente se vienen desarrollando desde el primer momento en el que comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los resultados a los que se arribó en la negociación de la deuda externa que condiciona a nuestro país y la vida de las familias argentinas.

Siempre ilumina el pensamiento y la acción de Néstor Kirchner en estos momentos de enorme tras­cendencia para el destino de la Patria:

“Somos conscientes de estar transitando un momento histórico fundamental y estamos decididos a ser protagonistas de este cambio de época. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede, nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable, nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que no hacer nada nuevo es la única opción realista.

Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto. Intentando superar el infierno en que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debe­mos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía.”

Esas históricas declaraciones del ex presidente en diciembre de 2005 cuando anunció el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional no solo nos inspiran sino que, además, son un faro que alumbra el camino que debemos transitar para no volver a caer en las repetidas trampas y condi­cionamientos que nos llevaron como sociedad a entregar nuestra soberanía e independencia preñadas de un pesimismo y derrotismo crónico que tantas veces nos condenó al fracaso y la frus­tración.

 

Un poco de historia para contextualizar:

El 10 de diciembre de 2015 la Argentina no poseía deudas con el FMI y el nivel de endeudamiento general era muy bajo, según reconocía públicamente el ex Ministro de Economía, Nicolás Dujovne.¹

La deuda como porcentaje había descendido del 118% del PBI en el año 2004, a menos del 50% en el 2015, y la deuda estatal en moneda extranjera no superaba el 8%. Hasta ese momento, no solo nos habíamos liberado, de la mano del ex presidente Néstor Kirchner, de las condicionalidades que impuso e impone siempre del FMI sino que, además, con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, la Argentina se transformó en un modelo global para los procesos de “reestructura­ción” de deuda soberana. Así quedó establecido el 10 de septiembre de 2015, cuando en la 102° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se aprobó, por abrumadora mayoría de los países del mundo, la resolución que instituyó los principios básicos tomados del modelo argenti­no de desendeudamiento desarrollado desde el año 2003 a 2015. Un hecho histórico.

Al mismo tiempo, alcanzamos el salario medido en dólares más alto de América Latina. Nuestro País contaba una distribución del ingreso más igualitaria, medida por el coeficiente GINI. Luego de Macri, el país se volvió más desigual.²

Por otro lado, no había estancamiento de la economía (ya que crecía al 2,3%), ni la inflación estaba desbocada (los propios consultores privados la estable­cían en torno al 20%). Además, en el Banco Central había reservas y la fuga de capitales estaba controlada.

Tras cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, la inflación superó el 50%, el endeudamiento y la fuga alcanzaron un récord histórico y el salario cayó 62% en dólares, terminando sólo por arriba de Venezuela, lo que constituyó la peor destrucción salarial de las últimas décadas.

 

¿Cómo llegamos a la situación actual?

Ni bien asume el Gobierno Mauricio Macri, con la consigna de “abrir la economía” prometiendo una “lluvia de inversiones” que nunca llegó, se estableció un conjunto de medidas que iniciaron una carrera de endeudamiento feroz y de “timba financiera” sin precedentes. Se garantizaron negocios para unos pocos actores financieros, mientras la economía productiva del país se deterioraba sin pausa, lo que terminó provocando una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía en perjuicio de las grandes mayorías y del sector productivo nacional.

Entre ese conjunto de medidas estuvieron:

1. Mega devaluación (con la salida del cepo), lo que pulverizó el poder adquisitivo y aumentó la pobreza.
2. Baja de retenciones.
3. Desregulación Financiera y suba de tasas de interés (que le abre nuevamente la puerta al capital especulativo mientras eleva los costos de producción).https://www.perfil.com/noticias/politica/el-dia-que-nicolas-dujovne-hablo-de-bendicion-que-dejo-kirchnerismo-nivel-deuda-bajisimo.phtml
4. El coeficiente pasó de 0,41 a 0,45 a fines de 2019 – mientras más se acerca a 1, más desigual es la distribución del ingreso del país.
5. Apertura de importaciones (que afectó a un gran número de pymes generadoras de empleo).
6. Pago a los fondos Buitre. El pago a los Fondos Buitres fue el primer paso para la vuelta del Fondo a nuestro País, como lo advertimos en su momento: se emitió una deuda de 16.500 millones de dólares para pagarles, y de allí se siguió con una escalada de endeudamiento que terminó estallando en abril de 2018. Durante ese período, bancos y fondos de inversión cobraban en nuestro país tasas del 10%, cuando en promedio, el resto de los países del mundo pagaban el 2%.

Desde la asunción del Gobierno de la alianza Cambiemos en diciembre de 2015, hasta febrero de 2018, creció abruptamente el endeudamiento con bonistas privados. Esto pudo ser posible por la “bendición” de un país desendeudado que recibió Macri, como dijo Dujovne.

Hacia febrero del 2018 y cuando la situación con los bonistas se hizo insostenible, y ante la retirada de los capitales internacionales de la carrera especulativa, se fue en busca del “prestamista de última instancia”, tomando una nueva deuda por más de 45 mil millones de dólares, que era impa­gable en las condiciones mismas en las que fue tomada.

Las condiciones del pacto que firmó el macrismo fueron una bomba de tiempo armada para explo­tar durante el año 2021 y el 2022. Para dimensionar la magnitud de la operación: solamente el primer pago del préstamo que tomó Macri para 2022 era de 19.000 millones de dólares.

El FMI reconoció en un informe oficial, en la evaluación ex post del pacto de 2018, que el préstamo acordado con el gobierno de Macri fue “en términos absolutos, el más grande en la historia” del organismo.

 

Irregularidades en las condiciones del préstamo Stand-By del 2018:

Este préstamo político a Macri se hizo bajo múltiples irregularidades. Irregularidades para la legisla­ción y la institucionalidad de nuestro País y para el propio FMI. Aquí radica, creemos, la cuestión institucional y política más grave de toda la operación. En lo que constituye quizás el hecho más pernicioso de los últimos años para la salud y la calidad institucional de la Argentina, la toma de deuda de Macri fue hecha de forma irregular, informal, y de espaldas al pueblo. Basta mencionar una lista de hechos que así lo demuestran:

• El expediente donde tramitó el procedimiento ante el Ministerio de Hacienda de la Nación fue iniciado el 21/06/2018. Esto es, exactamente una semana después del ingreso de la demanda del “caso Murúa” y 9 días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito (fechada el 12/06/2018). No hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención.
• No hubo dictamen previo del Banco Central de la República Argentina sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 para la toma de deuda externa).
• No hubo actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en los expedientes Decreto presidencial alguno, así como tampoco Resolución del Directorio del BCRA ni Resolución del Ministerio de Hacienda.

• No hay constancia de haberse suscripto acuerdo alguno, ni del acto de aprobación por parte del FMI. Sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Una Carta de Intención que dice expresamente que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo “Stand-By”.
• Los datos y las proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención, donde están las condicionalidades económicas que el Estado Argentino se autoimpuso ante el FMI para contraer el crédito, no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica previa.

Es decir, la mayor operación de endeudamiento externo del siglo fue hecha con un nivel de informa­lidad y de opacidad institucional inadmisible para un País soberano y para un Estado de derecho. Esto es lo que nos legó el macrismo, que llegó a la campaña presidencial de 2015, prometiendo más “calidad institucional”.

Por otro lado, toda la operación de esta deuda fue violando el propio estatuto del Fondo, ya que el artículo VI del mismo aclara explícitamente que “no podrá utilizarse el préstamo para financiar una salida continua de capitales”. Cuando la cifra por fuga de capitales alcanzó los 86 mil millones de dólares, el propio FMI debió solicitarle al ex Presidente Macri que coloque controles de salidas de capitales, cosa que terminó haciendo, dejando el Gobierno con un nuevo “cepo”, el cual habían prometido que no volvería más.

Nuestro propio bloque de senadores del Frente De Todos expuso su clara y firme posición desde que comenzamos la gestión de nuestro actual gobierno en diciembre de 2019. Lo hicimos por distintos medios e incluso formalmente a través de dos extensas cartas públicas. La primera el 15 noviembre de 2020 y otra el 22 de febrero de 2021 y que fueron enviadas a las autoridades del Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, a las de nuestro Poder Ejecutivo. En aquellas misi­vas expresábamos oficialmente la posición que está en línea con nuestra constitución histórica y con propia plataforma electoral que nos llevó al gobierno. Para no sobreabundar es bueno refrescar la síntesis del punto 33 de la misiva elevada en el año 2020 al organismo: “Por todo lo dicho y ante las nuevas negociaciones iniciadas por nuestro gobierno del Presidente Alberto Fernández, SOLICI­TAMOS se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximo años y, en cuanto a la refinanciación de la deuda

 

PROPONEMOS:

1. a) reconsideración de los intereses;
2. b) período de espera para comenzar los pagos anuales a partir del año 2025; y
3. c) plazo de amortización en varias décadas, de modo tal que las erogaciones anuales no tornen insus­tentable la refinanciación de la deuda e impacten negativamente en la economía argentina y en la vida de su sociedad”.

 

Gobierno del Frente de Todos y reestructuración de la deuda con acreedores privados:

Al asumir el Gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, y a pesar de la difícil situación heredada, se logró reconstruir el mercado de deuda en pesos, y también se reestructuró la deuda en moneda extranjera para el 99% de los acreedores privados, generando un ahorro de casi 35 mil millones de dólares.

 

Refinanciamiento del acuerdo Stand-By suscripto en el año 2018:

Aún con todos los avances realizados hasta el momento, sabíamos que tarde o temprano, tendría­mos que enfrentar la renegociación de la deuda con el FMI que, como en cada momento de nuestra historia, vendría a condicionar nuestras decisiones soberanas. Es en este contexto que estamos hoy frente a la aprobación de un nuevo pacto con el Fondo, que dada la experiencia de nuestro País, sabemos que no logrará cumplir con el objetivo de “crecer para poder pagar”. Tenemos que decir que no somos ingenuos. Nunca esperamos que el FMI se volviera “keynesiano”, ni que dejara de promover planes de ajuste.

Por eso, más allá de la aprobación de esta renegociación, creemos que el centro del debate político en Argentina es cómo tener un programa de crecimiento económico que supere las recetas fallidas de programas de ajuste y recesión. Tras cuatro años de “doctrina de shock” macrista, dos años de la peor pandemia internacional del último siglo y transitando una guerra que afecta el precio interna­cional de las materias primas, la economía argentina necesita fuertemente crecer. Y no es cualquier crecimiento: necesita crecimiento con distribución, un crecimiento que se base en la recuperación salarial de los trabajadores y las trabajadoras de la Nación. Porque la deuda social es más grande que nunca, y no podemos mirar a un costado.

En estas últimas horas, el propio FMI ha anunciado que la guerra en Ucrania ha desatado una infla­ción internacional de costos sin precedentes.³

Este efecto, señaló el organismo, será aún peor en América Latina, ya que se trata de una región que está fuertemente acoplada al mercado internacio­nal de alimentos y materias primas. En otras palabras, el propio Fondo está admitiendo que será imposible cumplir con las metas propuestas a la Argentina.

Creemos firmemente que las deudas deben ser honradas, y nuestro movimiento político así lo ha demostrado en los hechos pagando deudas que no contrajo, y que fueron contraídas por Gobier­nos de signo ideológico opuesto. Pero a pesar de nuestra voluntad de honrar las deudas, también sabemos que ajustar a los sectores de ingresos medios y bajos es por definición contraproducente con los propios objetivos de crecimiento económico que cualquier programa necesita para no fracasar.

Evaluemos algunas de las medidas que se incluyen en este pacto:

 

Las metas fiscales propuestas y su cumplimiento:

Se enumeran metas fiscales en un sendero de disminución del déficit al 2,5 % para 2022, 1,9 % para 2023, 0,9 % para 2024 y de déficit cero para 2025. La cuestión es sobre quién recaerá el ajuste del déficit fiscal.

Como agravante, el pacto indica que, si la Argentina crece por encima de las metas fijadas, todo excedente en la recaudación no podrá ser reinvertido en más inversión pública como escuelas, rutas, satélites o vacunas, sino que deberá ser utilizado para pagar la deuda o consolidar la reduc­ción del déficit. https://blogs.imf.org/2022/03/1

6/war-fueled-surge-in-food-prices-to-hit-poorer-nations-hardest/

 

Inversión pública para el combate al COVID reducida a O, cuando la pandemia aún no ha terminado.

Establece la reducción a cero del gasto COVID para cumplir con las metas de déficit cero. Pero la pandemia no ha terminado. Nos preguntamos cómo haremos para seguir financiando las vacunas de refuerzo, los insumos médicos y todos los recursos que necesitamos para fortalecer al sistema sanitario.

 

Reducción de los subsidios a las tarifas en un contexto de crisis energética internacional.

Este nuevo contexto energético internacional altamente inflacionario está afectando el precio de la energía a nivel local. Si a eso sumamos el impacto de la quita de subsidios, el golpe al bolsillo de las familias será brutal y tensionará la inflación.

 

Limitación de las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales, en un contexto de finanzas provinciales golpeadas.

Otra definición que surge de la “letra chica” del pacto, es la meta de limitar las transferencias a provincias y empresas estatales con el objetivo de liberar recursos para otras prioridades. Esta situación nos plantea dudas en relación con la delicada situación financiera de muchas provincias argentinas, que dependen fuertemente de los recursos nacionales. Debemos ser conscientes que menos recursos para las provincias, implica un freno concreto al crecimiento económico.

 

El acuerdo con el FMI condiciona las políticas de género.

El texto firmado menciona compromisos de política de “promoción de la equidad de género e inclu­sión”, pero es evidente que el pacto con el FMI condiciona cualquiera de ellas. Se verán amenaza­dos programas que fueron pensados con la premisa de crear herramientas financieras para la real inclusión de mujeres y diversidades, debido a los condicionamientos a la posibilidad de crecimiento y por lo tanto la reducción de las brechas de género.

La experiencia de argentina con el Fondo da sobradas muestras de que el FMI tiene una particular perspectiva de género, toda vez que los planes de ajuste que negocia con los gobiernos de los países deudores recaen sobre las espaldas de las y los trabajadores; y las más perjudicadas son las mujeres y diversidades, sobre todo con las mujeres sostén de hogares vulnerables.

De los 45 mil millones de dólares que el FMI desembolsó al Gobierno de Mauricio Macri, se destinaron $0 (CERO PESOS) a políticas con perspectiva de género.

Otra generación de mujeres y diversidades tendrá que seguir esperando y luchando, dado que, por un lado, la pandemia profundizó aún más la brecha de género y, por el otro, debido a las condicio­nes impuestas no podremos profundizar en políticas de género en nuestro País.

Sabemos que la deuda es también con las mujeres, diversidades y niñeces, y esta negociación con el Fondo posterga los derechos conquistados y aún por conquistar para las mujeres y diversidades en materia económica, política y social.

 

¿Qué significa tasa real positiva por encima de la inflación?

Otra cuestión central es la exigencia de elevar las tasas de interés para lograr una tasa real positiva; según el pacto, la pauta inflacionaria para el 2022 oscila entre 38% y 48%. Además de este objetivo avizorarse de difícil cumplimiento, una elevada tasa real positiva implica un desincentivo directo al consumo, a la inversión productiva y al crecimiento económico.

Para verlo con un ejemplo concreto: si la inflación es de 48%, la tasa de interés de un crédito productivo debería rondar el 53% (incluyendo la ganancia bancaria). ¿Qué empresa tomará crédito en un contexto recesivo y con esta tasa tan elevada? Si algo necesitamos, es poder crecer para pagar. Pero queda preguntarnos, ¿qué posibilidades reales de crecer tenemos si desincentivamos la demanda con un fuerte ajuste público y privado, y desincentivamos la oferta encareciendo el crédito productivo?

 

La tasa de ajuste del tipo de cambio seguirá la inflación

Se prevé que la tasa de ajuste del tipo de cambio siga a la inflación, o sea, define de antemano un nivel de devaluación al que el país se compromete. Devaluación significa más pobreza, significa pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras y mejora en la rentabili­dad de los exportadores. Debemos discutir la distribución del peso de las cargas que la devaluación traerá sobre la población, y la evidente presión sobre la inflación que conllevará esta medida. ¿Cómo cumpliremos la meta de reducir la inflación si de antemano quedamos comprometidos a devaluar?

En síntesis, el “éxito” del pacto (medido en términos del cumplimiento de las metas cuantitativas) se apoya en varios supuestos que ya han quedado obsoletos con este contexto nacional e interna­cional de alta inflación y que desde el principio no permitían cumplir con el objetivo de crecer para pagar.

 

En síntesis:

• La reducción del déficit depende en gran medida de la posibilidad de reducir los subsidios. Pero la reducción de los subsidios significa menos gasto en consumo, por lo que caerá la recaudación profundizando el déficit.
• La reducción de la inflación depende de la reducción del financiamiento monetario del déficit, mientras que las metas de reducir subsidios energéticos (aumentar tarifas) y mantener el tipo de cambio real tensan los precios al alza, generando inflación por aumento de costos. La meta de reducción de inflación nunca podrá ser cumplida.
• A su vez, la reducción del financiamiento monetario al Tesoro necesita como condición el acceso al financiamiento vía mercado local de deuda en pesos.
• La toma de deuda en el mercado local de deuda en pesos depende de una política sostenida de aumento de tasas de interés. Ese aumento de las tasas de interés en términos reales a su vez conlleva una contracción de la actividad económica real y, de la recaudación lo que profundiza el déficit.
• La acumulación de reservas depende de un superávit comercial positivo consolidado, que a su vez debe compatibilizarse con la meta de mantenimiento del tipo de cambio real, que como ya mencionamos, implica una devaluación constante que es de por sí inflacionaria.
• Con estas premisas resulta imposible impulsar el crecimiento económico. Sin crecimiento eco­nómico no hay industria, ni autoabastecimiento energético, menos aún cambio tecnológico y diver­sificación exportadora que son las bases reales de un modelo de desarrollo sostenible con distribu­ción de la riqueza.

 

Conclusiones

Por todo lo expresado, entendemos que los números tienen que “cerrar con la gente adentro” y, lamentablemente con este pacto, millones de compatriotas seguirán afuera y otros tantos más, quedarán excluidos.

Entendemos que es importante que los argentinos y las argentinas dejemos de tropezar con la misma piedra una vez más, y eso sólo es posible si transformamos la discusión “económico-técni­ca”, en una discusión política de fondo sobre la distribución de las cargas y las responsabilidades del ajuste que implica afrontar el pago al FMI.

Algunos argumentos en defensa de lo firmado con el Fondo Monetario Internacional están alinea­dos a la idea de un falso y repetido “posibilismo” que acuna la disyuntiva del “es esto o el caos” o “es esto o el abismo”. Repetidas veces han acorralado a la sociedad y a sus representantes con este tipo de operaciones cuando se discutieron y sancionaron leyes que tuvieron resultados nefas­tos para el conjunto de la sociedad argentina. La historia reciente así lo demuestra. Esta artificial encrucijada a las que nos pretenden someter, de aceptarse, se transformaría en la derrota no solo del pueblo que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de LA POLITICA, verdadera y vital herramienta que desde nuestras bancas pero fundamentalmente como militantes, no estamos dispuestos a aceptar.