Agua que no has de beber…

…AySA te la va a cobrar lo mismo. Mario Bellocchio

Más falso que dólar celeste, dice un dicho popular. Lo cierto es que el Gobierno Nacional no dispone de dólares –ni siquiera celestes– para pagar sus deudas y sale con el mediomundo a pescar lo que puede liquidando las joyas de la abuela a como dé lugar.

La novedad de hoy es que el inefable Milei ha promulgado el DNU 493/2025, que modifica el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales, con el evidente objetivo de mejorar las condiciones para el ingreso de capital privado en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), vale decir, hablando en criollo, privatizar AySA. Entre las condiciones “mejoradas”, se incluye la habilitación a los cortes de suministro en caso de deuda del cliente, cosa que, hasta el momento no sucedía atendiendo la necesidad social de un servicio imprescindible.

Puede pensar el puntual pagador de sus servicios –no como Milei que “equilibra” las cuentas fiscales dejándole de pagar hasta al diariero–, y que los tiene “al día”, no va a tener problemas, como debería ser. Pero hete aquí que una mañanita de ésas en que controla sus ingresos maileros se encuentra con uno que dice: Hola XXX XXXXXXX. Si al día 15/07/25 aún no pudiste abonar la/s factura/s de la cuenta de servicios XXXXX correspondiente al inmueble de la calle XXXXX 8888 , te acercamos opciones para que puedas regularizar la situación.

Y reflexiona: claro…, debe ser que al pasarme a la factura digital, apostando al ahorro de papel, en el traspaso se escabulló alguna factura que quedó impaga y me reclaman. Bueno, que me digan qué factura debo, la pago con el recargo y listo… (¡pobre iluso!) Y sigue la lectura del reclamo: ¿Necesitas ayuda para regularizar tu situación? Ingresá en nuestra oficina virtual y explorá las alternativas que podemos ofrecerte según tus posibilidades. Ingresá en nuestra oficina virtual.

Y “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” cuenta el Dante que dice una leyenda ubicada sobre la puerta del Infierno, porque de ahí en más, nada encontrarás que revista un mínimo lógico comprensible, todo será artimañas para que resultes enredado y adhieras “para tu comodidad” al pago automático o pagues una suma –vía telefónica únicamente previa adhesión a la página AySA– que en mi caso me reclama el pago de 20 mil pesos más del importe que me informan de mi deuda a la fecha. ¿Por qué, a santo de qué?, sólo Dios sabe y se encuentra trescientos pisos más arriba sobre las nubes.

Ahora bien: nunca pude acceder a la famosa “oficina virtual”. El “vínculo” ofrecido traslada a una página que oferta entrar –si ya estás vinculado– o adherir. En el marasmo de adhesiones y servicios uno trata de rajarle a una nueva adhesión pero no le queda otra al no recordar claves ni tenerlas memorizadas de manera que “adhiere”, sólo para toparse con un nuevo muro berlinesco: “Espere por favor”. Hace más de 48 horas que tengo en esa testimonial fase una página en blanco con ese texto concediéndole el favor de una inútil espera.

Harto ya del im-posible vínculo virtual con AySA y tratando expeditivamente de terminar con el riesgo en que Milei me ha metido a partir de hoy (corte de servicio) decido vincularme personalmente con la firma en una de sus oficinas comerciales que, según informa la página web Agua y Saneamientos Argentinos se encuentra más cercana a mi domicilio: Valle 402, C1424BVJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La oficina vidriada, sita en la esquina de Valle y Beaucheff ¿luce? con sus cristales pintados a brocha con las típicas pinceladas de tiza de los locales desocupados y un cartel en la puerta indica que se atiende personalmente sólo en Río Bamba 750, de martes a viernes de 9 a 15.30, una información a la que sólo se accede si te tomaste la molestia de ir personalmente a alguna de las sucursales que, según la página web siguen atendiendo de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Una recatada autocensura no me permite reproducir estos últimos renglones aunque el negro Fontarrosa me siga azuzando.

 

• SÍ AL DERECHO HUMANO AL AGUA,

• NO A SU MERCANTILIZACIÓN

 

(Señala una solicitada, auspiciada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, firmantes al pie)

Las y los abajo firmantes, profesionales, académicos/as, investigadores/as, docentes, especialistas en gestión del agua, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, militantes ambientales, ecologistas, entre otros, manifestamos nuestro enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y al Decreto N° 494/2025, recientemente dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante los cuales se modifican las condiciones regulatorias del servicio público de agua potable y desagües cloacales prestado por AYSA para permitir el ingreso de capitales privados a la empresa y se inicia el procedimiento de privatización total de AYSA. Previamente, en 2024, la Ley N° 27.742 (Ley Bases) incluyó a AYSA dentro de las empresas sujetas a privatización.

La provisión de agua potable no puede, bajo ningún aspecto, ser tratada como una mercancía. Es un derecho humano esencial, reconocido por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos tratados internacionales, en fallos de la Corte Suprema y nuestra Carta Magna. Como tal, debe garantizarse bajo principios de acceso universal, equidad, asequibilidad, continuidad y calidad, en el marco de una gestión pública, transparente y participativa.

 

El nuevo marco regulatorio permite cortar el suministro de agua por falta de pago, una medida que es inconstitucional, inhumana e inaceptable, y que viola los compromisos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha firmado. El acceso mínimo al agua potable no puede ser condicionado al pago: su restricción debe contemplar umbrales de garantía vital conforme a los estándares internacionales adoptados por la Nación y jerarquizados constitucionalmente.

 

Advertimos además que la utilización del mecanismo excepcional de un decreto de necesidad y urgencia (donde no se observa una “necesidad” ni una “urgencia” en la medida tomada), y sin debate parlamentario ni participación ciudadana en un tema de esta magnitud, lesiona gravemente el principio republicano de división de poderes. Además, vacía de contenido la democracia representativa y viola la democracia participativa ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú. La modificación de un régimen que afecta la vida, la salud y la dignidad de millones de personas no debe realizarse sin un amplio debate social, científico y legislativo.

Estos decretos pretenden avanzar con una lógica de mercado en la prestación de un servicio público que debe estar regido por el principio de interés común y desde la perspectiva de los derechos humanos. La experiencia internacional y la propia historia argentina en los años ‘90 nos muestran que la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento ha significado:
– Incrementos tarifarios desproporcionados;
– Deterioro del acceso en sectores vulnerables;
– Conflictos contractuales crónicos;
– 12 años en un juicio internacional en el CIADI y 405 millones de dólares perdidos en indemnizaciones en dicho arbitraje (que significó casi la mitad de los montos pagados por la recuperación de la gestión pública en el sector);
– Y finalmente, la reestatización forzada debido al fracaso del modelo.

El caso de AGUAS ARGENTINAS S.A. es emblemático: fue la privatización más grande del mundo en el sector y, luego de años de incumplimientos y desinversiones, el Estado debió recuperar el control del servicio para asegurar el acceso a millones de habitantes, tras haberse puesto en peligro la salud de la población por una distribución de agua con altos niveles de nitrato y arsénico por encima de los aceptables, especialmente en la Zona Sur del AMBA.

Por todo ello, exigimos:

 

– La inmediata derogación del DNU N° 493/2025 o su rechazo por el Congreso;
– La derogación de las normas que autorizan la privatización de AYSA.
– El resguardo del carácter público y no mercantil del agua.
– El respeto al derecho humano al agua potable y al saneamiento, consagrado en el derecho internacional y en la Constitución Nacional.

El agua no es una mercancía, es vida. No se vende, no se corta, no se privatiza, no se negocia.

 

Convocamos a todas las personas, organizaciones sociales, ambientales, académicas y de derechos humanos a adherir a esta declaración y a sostener con firmeza la defensa del agua como bien común.

 

ADHESIONES
Verónica Cáceres – Dra. en Ciencias Sociales. Docente e Investigadora CONICET/Gioja-UNGS-UNLU
Guillermo Celaya -Investigador Magister en Gestión del Agua. Docente e investigador.
Javier Echaide – Dr. en Derecho. Investigador CONICET/Gioja-UBA
María Eva Koutsovitis – Docente Investigadora Facultad de Ingeniería UBA.  Ingeniera Civil fundadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.
Melina Tobías – Dra en Ciencias Sociales. Investigadora CONICET/ IIGG-UBA
José María Regueira – Ingeniero Civil. Profesor Titular UTN – FRBA
Leonardo Fernández – Dr. en Ciencias Sociales. Investigador Docente UNGS
Karina Forcinito – Investigadora y docente (UNGS/UNLU/UBA)
Jonatan Baldiviezo – Abogado Ambientalista. Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad
Federico Cabaleiro. Abogado fundador de Naturaleza de Derechos.
Francisco Cruz Toledo – Ingeniero Civil (UBA) – Esp. Ing. Sanitaria (UBA)
Clara Minaverry, Dra. en Derecho, Investigadora CONICET y Profesora Universidad Nacional de Luján.
Clara Zuñiga – Mg., Arq. Docente UBA FSOC, becaria CESE EIDAES UNSAM.
Lucas Daniel Iramain– Docente en UBA e investigador (EIDAES-UNSAM y CEHEAL-UBA)
Sergio Agoff. Magister en Administración Pública. Docente e Investigador (ICO-UNGS)
Valeria Serafinoff. Dra en Ciencias Políticas. Investigadora y docente  (ICO-UNGS)
Mariano Ferro. Dr en Derecho. Investigador. INEDES (CONICET)
Armando Fastman. Economista (UNLU)
Mariana Hirsch. Docente e Investigadora  (UNLu-UBA)
Andrea Catenazzi. Dra. en Urbanismo. (ICO – UNGS)
Diana Maffia– Asociación Civil Tierra Violeta
Martin Schorr- Dr. en Ciencias Sociales. Investigador (CONICET-UNSAM)
Maristella Svampa, Investigadora Superior del CONICET (CeDinCI)
Marian Sola Alvarez, Dra. en Ciencias Sociales, Investigadora docente UNGS
Leopoldo Blugerman, PhD (University of Hull), Investigador docente (IDEI-UNGS).
Cristina Gutiérrez Diprospero. Economista. UNLU

Juan Pablo Olsson, Sociólogo Ambientalista. Magister en Gestión del Agua – UBA.

Gaston Celaya. Docente e Investigador (UNLu-UBA).

Ezequiel Volpe. Abogado, docente e investigador.

Marcos Ezequiel Filardi, Abogado de Derechos Humanos