“Justicia laboral”, porteña

EDITORIAL

El 10 de febrero del corriente año Nación y Ciudad firmaron un acuerdo para transferir la Justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las firmas correspondientes las aportaron el jefe de gabinete de la nación Manuel Adorni y el ministro de justicia de la ciudad Gabino Tapia.

Un par de días más tarde, el proyecto recibió la media sanción del Senado.

Para su entrada en vigor definitiva, requiere ahora la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Legislatura Porteña, lo que significa que, a la hora de publicarse esta nota, lo pactado podría estar vigente.

¿Quién va a reparar en el daño que puede producir este nuevo elefante en el bazar donde hay suelta una manada de ellos?

Una vez ratificado por ley, la Ciudad tendrá un plazo de 180 días para designar jueces y poner en funcionamiento los nuevos tribunales laborales locales.

Como ya se ha dado en llamar, el Gobierno Nacional considera el acuerdo como un importante paso para terminar con la “industria del juicio”.

Según se ha concertado en el acuerdo, la Justicia de la Ciudad solo recibirá causas nuevas (conflictos individuales ocurridos en territorio porteño). Los juicios que ya están en curso seguirán su trámite en la actual Justicia Nacional hasta su finalización. El Gobierno porteño proyecta reducir los tiempos de resolución de los actuales 5-7 años a un máximo de 2, apoyándose en un nuevo código de procedimiento –en vías de concreción– más ágil. Los conflictos de impacto federal y causas relacionadas con convenios colectivos nacionales seguirán bajo la órbita nacional.

Se acordó igualmente que el traspaso incluya la transferencia de los fondos correspondientes desde el Estado Nacional hacia el presupuesto de la Ciudad (hete aquí uno de los más “profundos” intereses del gobierno porteño en darle curso al asunto).

Mientras el oficialismo y un importante sector del empresariado impulsan la medida en la creencia de que propiciará la agilidad de los juicios y resultará un quiebre en la tendencia proteccionista de los derechos del trabajador de tales intervenciones, en los sectores gremiales aseguran que, ante todo, esta medida va a generar “trabajadores de primera y de segunda”, al ser un fuero exclusivo para conflictos ocurridos en territorio porteño (despidos, accidentes en CABA), donde se espera una gestión más enfocada en la realidad local y una infraestructura judicial renovada con criterios de sentencia muy distintos para alguien que trabaja en CABA frente a alguien que lo hace en el Gran Buenos Aires, afirmación que da por cierta la presunción de los gremios.

Desde el empresariado aseguran que al dividirse las causas (las nuevas van a la Ciudad y las viejas quedan en Nación), se espera que ambos sistemas operen con menor carga de expedientes, facilitando el avance de la solución judicial de los conflictos, una sana pretensión que finaliza ni bien se finiquiten las viejas causas y la vieja y consabida burocracia judicial invada los tribunales porteños.

De todos modos, la primera objeción gremial señala que el traslado tiene, como principal objetivo “disciplinar” a la justicia laboral para favorecer al sector empresario, alejándola de la doctrina histórica de protección al trabajador, del fuero nacional. Algunos gremios, como el Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires -Personería Gremial N°1943), denuncian como una certeza esa expectativa.

En el ámbito laboral existe el justificado temor de que la Justicia de la Ciudad aplique tasas de actualización de créditos laborales (indemnizaciones) menos favorables para el trabajador que las que aplica actualmente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que licuaría el valor real de lo cobrado. Además, durante el periodo de transición (los primeros 180 días tras la aprobación), podrían generarse demoras administrativas o conflictos de competencia (jueces discutiendo quién debe llevar una causa), lo que afectaría el inicio de nuevos reclamos.

Lo notable de esta situación es el apuro por concretar el cambio de sede judicial que evidencia una aviesa maniobra para aprovechar la situación de conmoción opositora dejada por los traidores dislates congresales en el tratamiento de la “reforma” laboral. ¿Aprovechamiento político? …¡Sí! ¿Y qué hacemos ante esta adversidad? Ya se vio el escozor que causa un paro. ¡CGT! ¡Teléfono!

¿Seguimos buscando paliativos o pateamos el tablero de una vez por todas?

No se conocen buenos digestivos para tragarse el síndrome de Estocolmo*

 

(*) El síndrome de Estocolmo es una respuesta psicológica paradójica donde una víctima de secuestro, coerción o abuso desarrolla un vínculo afectivo, lealtad o sentimientos positivos hacia su captor o agresor.