Contenedores
EDITORIAL: entre la escasez, el deterioro y las sanciones. Transformaciones y conflictos en la gestión de residuos urbanos
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gestión de residuos urbanos ha experimentado, en los últimos años, cambios notables que afectan tanto a la vida cotidiana de las personas como al paisaje urbano. Un elemento central de este sistema son los contenedores de basura, esos recipientes metálicos o plásticos que, distribuidos estratégicamente en el espacio público, permiten la recolección domiciliaria. Sin embargo, en los últimos años, la cantidad y calidad de estos contenedores han disminuido perceptiblemente, generando incomodidades y nuevos desafíos para la comunidad porteña.
La reducción en el número de contenedores responde, en parte, a una política de racionalización de recursos y a intentos de optimizar rutas de recolección. Esta disminución, sin embargo, impacta de forma directa en la limpieza de las calles: donde antes había varios contenedores por cuadra, hoy muchas veces solo queda uno, o incluso ninguno. En las zonas más densamente pobladas, la insuficiencia de recipientes provoca que los residuos se acumulen a su alrededor, generando situaciones de suciedad y malos olores. Además, el uso intensivo y la falta de mantenimiento aceleran el desgaste de los contenedores existentes, que suelen presentar tapas rotas, ruedas inutilizadas y paredes dañadas. La calidad de estos recipientes se ve afectada tanto por el paso del tiempo como por el mal uso y la falta de reposición. Y si a ello se le agrega la drástica disminución de los contendores verdes –que son/eran receptáculo de elementos reciclables– con el evidente propósito de ahorrar en su recolección diferenciada, se completa un ciclo de empeoramiento de la recolección de residuos al que pone su broche la desaparición de los contendores amarillos como receptáculo de los envases de vidrio.
Este escenario se agrava por la actividad de quienes, en busca de cartones, plásticos o alimentos, revisan los contenedores a diario. Las personas que viven de la recolección informal –cartoneros y buscadores de sustento– suelen abrir bolsas y desparramar los residuos en la vereda, en un intento por separar materiales reciclables o comestibles.
Aunque esta práctica responde a necesidades básicas, la reacción de las autoridades porteñas ha sido endurecer las regulaciones y sancionar a quienes “desordenen” los desechos depositados en los contenidos de los contenedores. Según el Código de Contravenciones de la ciudad, sacar residuos de los recipientes, esparcir basura en la vía pública u obstaculizar el servicio de recolección puede ser motivo de multas y sanciones administrativas.
Esta política sancionatoria, lejos de resolver el problema de fondo, profundiza la desigualdad: muchas personas que dependen del circuito informal de reciclaje quedan atrapadas entre la necesidad y la penalización. Pretender aplicar una sanción pecuniaria que podría llegar a los 900 mil pesos a un indigente que busca comida resulta inconcebible.
Por otro lado, la falta de educación ambiental y la escasa presencia de campañas de concientización dificultan la convivencia entre los distintos actores urbanos. Así, los contenedores se convierten en un microcosmos de tensiones sociales, síntesis de la gestión pública, la precariedad y la exclusión, y reflejo de un sistema de residuos que requiere respuestas integrales y solidarias, más allá de la mera aplicación de sanciones.