Acoso opositor

Mario Bellocchio. Mientras Macri afirma que el Gobierno de Alberto Fernández “avanza sobre las libertades” sus adherentes las destrozan.

Ayer, jueves 9 de julio, se produjo el llamado “banderazo” opositor que se dio varios “lujos”, entre ellos el de manifestarse en defensa de la libertad de expresión atacando ferozmente a un móvil de una emisora de prensa –C5N– y adoptando un comportamiento en clara violación de estrictas normas sanitarias ordenadas por el Gobierno Nacional a propósito de la pandemia de COVID-19.

El “banderazo”, impulsado por la agrupación “Campo Más Ciudad” para manifestarse “contra el avance sobre el campo y la Justicia”, tuvo su punto de cocción óptimo, durante las manifestaciones en Avellaneda, provincia de Santa Fe, en defensa de la firma Vicentín y el fallido riesgo de expropiación por la Estafa al Banco Nación y su pretendida quiebra. Una clara demostración de desobediencia a las disposiciones de las autoridades elegidas democráticamente.

Durante el feroz ataque al móvil del medio de prensa que, paradójicamente, ha sido el único que se ha ocupado en dar voz a los manifestantes de la oposición en cuanta convocatoria han producido en estos tiempos, rompieron sus vidrios y atacaron, lesionándolos, a dos miembros del equipo mientras la policía dejaba una palpable zona liberada a los delincuentes que participaron del vandalismo.

Los “republicanos” defensores de la propiedad privada atacando a un móvil de un canal privado con elementos contundentes, patadas, trompadas y expresiones (grabadas) como “¡ahora van a empezar a tener miedo!”, “¡no van a poder salir a la calle, delincuentes!” o “¡váyanse, tomenselás, hijos de puta!”.

Resulta increíble, ante tanta barbarie, que encabece la enumeración de reclamos una airada exigencia de que se respeten nuestros derechos constitucionales. Trabajar, ejercer toda industria lícita, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino son derechos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Hoy todos están siendo violados.”

A lo que se agrega el reclamo “Para que dejen de fundir negocios. Cada vez más comercios cierran sus puertas. Prohibir actividades con bajo riesgo de contagio es un capricho absurdo que está condenando a la miseria a millones de argentinos.”

Es ocioso recalcar que el interés particular debe estar supeditado al interés general sobre todo en graves emergencias sanitarias como ésta. Nada puede ser tildado de absurdo o caprichoso partiendo de las palpables e indeseables consecuencias de la cuarentena como el creciente cierre de comercios.

La libertad, tantas veces manoseada en nombre de la democracia o el derecho, no es la libertad individual de procedimiento antojadizo. Nadie puede hacer lo que se le ocurre cuando se le antoje. ¿Quién puede argumentar “privación de su libertad” porque no se le permite cruzar con el semáforo en rojo, con multas y penalidades incluidas? El que no se aviene a respetar las leyes y disposiciones de convivencia está privado del derecho a vivir en comunidad.

Al respecto el análisis de dos constitucionalistas que aporta perfil.com (no se trata de una publicación oficialista, precisamente):

“El rol de la Constitución Nacional es sumamente importante en este momento, porque ella —y la interpretación jurisprudencial que le ha dado la Corte Suprema de Justicia a lo largo de más de 150 años— prevé todas las herramientas dentro del Estado de derecho que necesita el poder político para sortear las crisis y las emergencias, de la especie que sea.

Y es que el derecho de la emergencia ‘no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella’ (CSJN, Fallos: 191:388). El Congreso y la Justicia no pueden estar en cuarentena. La pandemia ocasionada por el COVID-19 llevó a las autoridades a echar mano del poder de policía de emergencia, dictando una gran cantidad de normas que en pocos días modificaron sustancialmente nuestras vidas cotidianas […] debemos recordar que en tiempos de normalidad y paz nuestros derechos también están regulados y limitados. Por ejemplo, si tengo menos de cierta edad, no puedo manejar un vehículo, lo cual es un límite a mi derecho a transitar. Lo que sucede ahora es que esa regulación o limitación de derechos es más fuerte o intensa que en épocas de normalidad.

¿Por qué admitiríamos que el Estado limite tanto nuestros derechos […]? Básicamente porque como contrapartida el Estado está tratando de priorizar o garantizar otros derechos más importantes (la vida y la salud de la población, incluidos nosotros) y considera que ese es el medio para lograrlo”.(1)

La pandemia Mundial no decrece a pesar de la mejora climática en el hemisferio norte. En España cunde la alarma por el retroceso verificado luego de la gozosa apertura: “Sanidad reporta 333 nuevos contagios en las últimas 24 horas, mientras que solo en Cataluña hay 774. Madrid comunica dos nuevos brotes de Covid con 11 casos al Ministerio de Salud. Se registran 28403 fallecidos hasta el 10 de julio 2020” (2).

 Recrudecen los despropósitos de Trump y Bolsonaro. Parece ser que nuestro alienado vecino brasileiro ha contraído la “gripecinha”, aunque el autodiagnóstico  de su “enfermedad” da más para pensar en una falsa postura que le permita emerger de una dolencia “leve” –el COVID19– como predica a quien quiera oirlo.

La caterva amoral, que no tiene pruritos pandémicos, y precisamente porque no los tiene, ha ganado una calle abandonada en respeto de las disposiciones sanitarias, ha pasado a la vía de los hechos.

Las leyes se han hecho para respetarlas y sancionar a los infractores. La falta de control y sanción genera desánimo, más si los que respetan la ley atraviesan situaciones críticas a raíz de las disposiciones de emergencia. “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”, decía Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía de Alfonsín que intentó la convivencia con los capitales mezquinos. Como no resultó, rodó por la catarata de la hiperinflación.

Mientras tanto, “twitteando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra”, quizás autorreferencialmente, Mauricio Macri publicaba en su cuenta de twitter “¡LIBRES! ¡¡Feliz Día de la Independencia!” Eran las 6:39 de la tarde. Y el día y la oposición se perdían en un nuevo horizonte bochornoso.

 

 

(1). (Fuente “El rol de la Constitución y del derecho administrativo en tiempos de pandemia”. Matías Fores* y Claudio Matías Posdeley**. Perfil.com) * Matías Fores – Abogado (UBA). Presidente de la Asociación Misionera de Derecho Administrativo. Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Misiones. ** Claudio Matías Posdeley – Abogado (UCSF); Especialista en Derecho Constitucional (UBA); Magíster en derecho administrativo (UA). Subdirector de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza.

(2) ABC. SOCIEDAD (España) 10/7/2020