La megaminería en la mira

El 23 de diciembre se produjo en Mendoza capital la denominada como la “Marcha más grande de la historia de Mendoza”. Por Mario Bellocchio

La inmensa manifestación –una movilización estimada en más de 50 mil personas– tenía como origen la protesta sobre la modificación a la ley 7722, una norma que regulaba la actividad minera en la provincia de Mendoza sancionada el 20 de junio de 2007 modificada actualmente como la nueva ley 9209 ampliamente permisiva en el uso de sustancias químicas tóxicas en la explotación de la minería metalífera. El envenenamiento del agua –piénsese que el cianuro es uno de los principales desechos que genera esta actividad– pasó a ser preocupación no sólo mendocina.

El nuevo gobernador radical, Rodolfo Suárez, en área federal de su estricta competencia, optó por comenzar marcando la cancha con una dura represión llevada a cabo por el cuerpo policial de la provincia que incluyó 16 detenciones. Pero la masividad y repercusión lo indujeron a “recular en chancletas” y “suspender” la reglamentación de la nueva ley permisiva para las mineras e inclusive asegurar que llegado el caso podría convocarse una consulta popular, aunque no aclaró “qué caso” tendría que “llegar” para la consulta y si ella sería vinculante o no.

La nueva ley, la permisiva –la 9209–  ya está publicada en el Boletín Oficial de manera que según lo establece Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza (1) en “Amparo por ausencia de reglamentación”. “Será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas determinen” (2).

“Mi responsabilidad es garantizar la paz social del pueblo. Por eso, ante los acontecimientos y hechos de violencia, amenazas y cortes de rutas, voy a suspender la reglamentación de la ley” declaró el flamante gobernador, aunque el Código Procesal deje claro que la medida de suspender la reglamentación es totalmente insuficiente porque se agota en sí misma y la desactivación de la nueva ley requiere solo el veto para evitar su vigencia.

Deja claro, sin embargo, otra clase de preocupación al asegurar que “hay que sacar a la luz el debate, del anonimato de las redes, dando los argumentos necesarios” y encontrar algún modo de habilitar un ablandamiento de las condiciones de explotación minera que permita generar recursos para lo que él denomina un “40% de mendocinos que viven bajo la línea de pobreza y no tienen para comer ni vestirse”.

La “Fiesta de la Vendimia” está al caer y, seguramente, el gobernador no querrá tener este tipo de problema. ¿Habrá “llegado el caso” de realizar una “consulta popular vinculante”?

(1). LEY 9.001 / MENDOZA, 30 de Agosto de 2017 / Boletín Oficial, 12 de Septiembre de 2017 / Vigente, de alcance general / Id SAIJ: LPM0009001

(2). Título III de los procesos de garantías constitucionales, Art. 219º reglas genéricas, en el inciso II.- Amparo por ausencia de reglamentación.

ÚLTIMO MOMENTO: Tras las presiones de varios sectores que surgieron luego de la sanción de las modificaciones de la ley 7.722, finalmente el gobernador Rodolfo Suarez anunció este viernes 27 de diciembre que enviará a la Legislatura un proyecto que derogue la 9.209, la cual permitía el uso de ciertas sustancias para la explotación de minería metalífera. El lunes 30 el proyecto ingresará al Senado en una sesión especial, a las 9, y luego, en el mismo día, a Diputados. (http//:diariouno.com.ar)