La criminalización del inmigrante

 

Una profusa campaña del Gobierno Nacional vincula inmigración con delincuencia. Con la promulgación del DNU 70/2017, al igual que en 1902, cuando se aprobó la Ley Cané –Ley 4144, de Residencia–, los inmigrantes vuelven a ser sospechosos por el sólo hecho de ser extranjeros.

Efectivamente, en los últimos meses circularon muchas noticias y opiniones en relación a las personas extranjeras residentes en Argentina. Entre las fantasmagorías echadas al ruedo se destacan la preocupación por el uso de los hospitales públicos, alarma en relación a la seguridad de las fronteras, profusa difusión de cifras engañosas respecto a la población encarcelada y propuestas de control prejuiciosas y xenófobas como el acondicionamiento de un centro de detención para migrantes, informes acerca de estudiantes latinoamericanos en la UBA, instauración de pago de “peajes” para ingresar al país y de restricciones en el acceso a ciertos servicios.

Asevera la destacada estudiosa del tema María Inés Pacecca*:

“El nuevo DNU vincula ‘inseguridad’ con ‘inmigración’ y por un delito menor que no depara prisión a ningún argentino, habilita el desmembramiento familiar. Niñas y niños, argentinos e inmigrantes, crecerán sin sus padres. (N. de la R.: miles de inmigrantes tienen hijos argentinos que resultan expuestos al desamparo del Estado Nacional). Por el contrario, deportar de inmediato a quienes cometen delitos graves, como plantea el decreto, impedirá a la justicia argentina actuar y obrar una reparación simbólica a los afectados”.

Mientras el DNU de Macri asegura que “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total y en los delitos vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros” (SIC), dato del que no se menciona su origen…

…el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) certifica que “las personas extranjeras —procesadas y condenadas— en todas las cárceles del país” se traduce en cifras –“4.449 sobre un total de 71.464 detenidas”– que representan un “6% de extranjeros y un 94% de argentinos”.

Ésta y otras afirmaciones infundadas sobre criminalidad –especialmente las vinculadas al narcotráfico– o declaraciones como las del senador Miguel Ángel Pichetto afirmando que “el problema de Argentina es la cultura igualitaria”, pavimentaron el camino al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, publicado en el Boletín Oficial el 30 de enero, mediante el cual se modifican aspectos sustanciales de la Ley de Migraciones Nº 25.871, salteando todos los mecanismos institucionales y democráticos.

 

(*)María Inés Pacecca (Universidad Nacional de San Martín) –analista minuciosa de este nuevo DNU– que desde hace más de veinte años dedica sus estudios a las políticas migratorias.

 

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