El verde cemento

 

Por Mario Bellocchio
En Colegiales quieren reemplazar una plaza por negocios con césped en el techo
Vista aérea del predio en cuestión

La confrontación urbana tiene un clásico que cada tanto se reproduce con nuevos contendientes. Se trata de “especulación inmobiliaria” versus “lucha vecinal por el espacio verde vital”. Los vecinos de Boedo tenemos amplia experiencia en esas lides: la pelea por la Plaza Mariano Boedo duró años y aún quedan remanentes de aquellos tiempos con la innecesaria intromisión del edificio comunal en el espacio de la plaza y la consecuente falta de espacio –el edificio es muy chico para el propósito– para las actividades administrativas de la Comuna.

De tanto en tanto, como brotes, aparecen los casus belli y se encienden las luces de la alarma vecinal: La pelea, en Balvanera, por la manzana 66; los vecinos de Caballito y su continuo escozor por las andanadas del shopping; los disgustos vecinales con la recategorización de “Catalinas Sur 2” en La Boca; la decana lucha del Parque de la Estación, tan añeja como este siglo, en nuestra Comuna 5 –18 años llevan peleando–, ya circula por la segunda década de reclamos que se alojan en oídos sordos… Y sólo por nombrar los de mayor difusión.

La constante es la lucha vecinal que no ceja. Es demasiado lo que se pierde con la invasión del cemento especulador para renunciar a la pelea.

Ahí está el ejemplo de nuestro colega-amigo Miguel Germino (“Primera Página”) convocando a las reuniones y argumentando permanentemente en su publicación en favor del “Parque de la Estación” y alentando a “¡Que se cumplan los planes verdes en nuestros barrios: con el Parque de la Estación, la Manzana 66 y la placita de Pringles y Rocamora!” y, citando al Che, pregona: “¡La única lucha que se pierde es la que se abandona!”

 Como si todo esto fuera poco, aparecen cada tanto nuevos focos de desmedida apetencia inmobiliaria en deterioro del bien común. En Colegiales, la manzana de Conde, Enrique Martínez, Concepción Arenal y Dorrego, en la que los vecinos sueñan –desde hace diez años, legalmente– con la Plaza Clemente (en honor al personaje de Caloi), ha entrado en conflicto.

Desde 2007 el predio cuenta con la Ley Nº 2567 que cataloga a los terrenos como urbanización parque (UP), categoría prevista en el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad que es clara y terminante sobre la finalidad a que pueden ser sometidas las tierras así nominadas.

El predio tiene una larga historia de desatinos:

En 1991 fue ocupado por la Fundación Romay –Canal 9– que lo usó como depósito por un período de trece años. En 2004 se lo conminó al desalojo y, provisoriamente, alojó a los puesteros del lindero Mercado de Pulgas mientras se reacondicionaban sus instalaciones. En 2007 la presión barrial consigue la ley de catalogación para la Plaza Clemente y, dos años más tarde, resulta aprobada la ley 3057, que crea el Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter vecinal.

Hace un par de años –2015– el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño aprobó la “licitación pública para la construcción de una playa de estacionamiento subterráneo en la Plaza Clemente”. Lo conflictivo es que los pliegos autorizan “instalaciones complementarias” consistentes en “dos taludes que van ganando altura progresivamente y rematan en una cubierta verde”.

A fines de 2017 el sociólogo y vecino Carlos Wilkinson y Romina Braga, miembro de la junta comunal Nº 13 por la Coalición Cívica, asumieron la representación de la nutrida queja barrial y promovieron un recurso de amparo para evitar que se avance con la obra hasta que se defina el fondo de la cuestión. “Se hicieron distintas presentaciones, pero el juez nunca les dio lugar. Hay una ley que solo autorizó la construcción de estacionamientos subterráneos. No está permitido ningún otro tipo de uso complementario”. “No es lo mismo una plaza que dos puentes de cuatro metros de altura con pasto en el techo”, señaló Wilkinson.

Los vecinos advierten sobre el comienzo de los trabajos de limpieza en el terreno con la finalidad de erigir lo que denominan peyorativamente “un shopping a cielo abierto” que desvirtúa la finalidad protegida por ley, de catalogación UP.

Brotan varios frentes vecinales donde se juega el escasísimo porcentual de espacio verde de nuestra ciudad en beneficio único de la especulación inmobiliaria. A la ya conocida recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un mínimo estándar de 9 m2/habitante se agrega la realidad de nuestros paupérrimos 6,2 m2/habitante.

En esta ciudad donde el Gobierno autónomo enfatiza su preocupación por la “calidad de vida” de sus habitantes mientras derrocha prebendas otorgadas al negocio inmobiliario, debería recordar que, esencialmente, la calidad de vida en una metrópoli está relacionada directamente con la cantidad de espacios verdes y públicos con los que cuentan sus habitantes; lo demás es, frecuentemente, cotillón de propaganda partidaria.

 

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