Cine argentino: al borde de la extinción

La industria que finalizó 2014 con 172 estrenos y con más de 8 millones de entradas vendidas para ver cine nacional, superando en un 233% a las cifras de público de una década atrás

…y que ese mismo año sumó más de 300 reconocimientos en mercados y festivales internacionales, que realizó 100 festivales en las distintas provincias y que produjo a lo largo de cuatro años (2010-2014) más de 4000 horas de contenidos para televisión. Esa, hasta hace poco, próspera industria cinematográfica, está al pie del cadalso.

La soga al cuello cada vez más ajustada.

Ahora aparecieron con la resolución 942/2017, firmada por Ralph Haiek, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que condiciona el acceso a créditos con la incorporación de cláusulas “imposibles de cumplir”, según manifiestan los perjudicados del sector.

Con todo el mundo actoral sumergido, dada la abrupta caída de producción de ficción, sobre llovido mojado, los “gerenciamientos” que desde el Estado regulan la producción cinematográfica, denuncian sus claras intenciones de hacer del INCAA un “órgano crediticio más preocupado por recaudar que por sostener una actividad cultural”.

El viernes 29 se desarrolló frente al complejo Gaumont, en Congreso, una verdadera asamblea contra lo que los asistentes denominaron “la muerte del cine nacional”.

Figuras internacionales de nuestra cinematografía como Luis Puenzo o Adolfo Aristarain predicaban “Hay que salir a pelear”. El lugar estaba repleto de trabajadores y referentes del mundo audiovisual que se mostraban alarmados y movilizados por la resolución que dio a conocer el INCAA.

Imagen: Gentileza ATE-Incaa

“Lo que le está pasando al cine argentino, por el lugar que éste tiene en el mundo, se convierte en una problema internacional”, sostenía Luis Puenzo en medio de aplausos de los concurrentes, agregando luego que “cada vez es más clara la falta de políticas del INCAA, que debería cuidar a las películas desde su inicio hasta su destino final, el de la exhibición. Propongo empezar de adelante para atrás, salir a pelear por la promoción, porque sin exhibición no es posible la producción”. Cerca de él, Adolfo Aristarain asentía y agregaba que, dadas las características de nuestro mercado “en la Argentina no se puede hacer cine sin el apoyo del Estado” señalando a la vez que se hace cada vez más notorio que “las políticas de esta gestión van en contra de la cultura”.

Con la presencia de otras destacadas figuras de la actividad y de representantes de todas las asociaciones que constituyen la Mesa de Directores Cinematográficos Argentinos, la Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual y la Coordinadora de Estudiantes de Cine de todo el territorio nacional, la cofradía audiovisual resolvió adoptar un plan de lucha encabezado por la solicitud de derogación de la flamante resolución a la que calificaron duramente y que ya fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre, que convierte al “fomento a la producción” en “financiamiento”, sutil –y no tanto– cambio de terminología que convierte al INCAA en un “órgano crediticio más preocupado por recaudar que por sostener una actividad cultural”.

El decreto también modifica el modo en el que se otorgan los subsidios, de manera que sólo el 20 por ciento del total se adjudicaría a las productoras inmediatamente después de aprobado el proyecto, mientras que el resto del crédito se otorgaría una vez que las empresas den cuenta de esa serie de requisitos que los realizadores definieron como “desmedida e incumplible”.

Este despropósito genera la presunción de que sólo las grandes productoras, aquellas que puedan afrontar los costos de producción sin necesidad del apoyo inicial del instituto, van a poder filmar, comprometiendo a las más de 150 películas de pequeñas y medianas productoras que por año da el cine nacional.

Fernando Krichmar, referente de Documentalistas Argentinos (DOCA) y uno de los más activos en la extensa jornada de ayer, señalaba: “Todo esto pasa por medir el resultado del cine por la cantidad de espectadores, algo que es una mentira teniendo en cuenta que estamos en un sistema de distribución concentrado en cuatro empresas de capitales norteamericanos. Si sólo se privilegia a las productoras locales que venden más, se va a destruir a todo un sector audiovisual que trata temas con mucha profundidad” –y redondeaba– “con el criterio de lo que vende y lo que no, como país deberíamos producir sólo soja. Posiblemente sea la idea del gobierno, pero nosotros no lo podemos permitir porque el cine es patrimonio nacional de nuestro pueblo”.

Vale acotar que Krichmar es uno de los referentes elegidos para conformar el próximo cuerpo del Consejo Asesor, el órgano de cogobierno del INCAA que actúa como garante del funcionamiento democrático en la asignación del Fondo de Fomento Cinematográfico y que no funciona desde junio porque Mauricio Macri no firma las designaciones correspondientes. Mientras se producía la asamblea en el Gaumont, desde el INCAA convocaron a los miembros designados a una reunión con las autoridades que se llevará a cabo el lunes 1º en la sede del ente.

Ya en abril, con la velada remoción del INCAA –escondida como renuncia– de Alejandro Cacetta y las operaciones para convencimiento público de que el cine se financiaba con fondos públicos –cuando es notorio que el Fondo de Fomento Cinematográfico proviene de un porcentaje de la entrada que abona el espectador*– se marcaba una campaña de desprestigio tendiente a justificar el desfinanciamiento.

Más allá de lo puntual de la flamante resolución, los presentes en la asamblea y en la conferencia que se realizó a la mañana coincidieron en denunciar un “plan sistemático” para destruir la totalidad del cine nacional.

Así, la subjecución presupuestaria, las operaciones mediáticas, el retraso en los pagos, el desmantelamiento de los distintos programas del INCAA y el vaciamiento del Consejo Asesor fueron algunos de los temas que aparecieron recurrentemente y que tomaron forma de pancartas en la masiva movilización.

Mientras tanto, el delegado general de Ate INCAA, Camilo Moreira, recordando a los 4 despedidos del mes de abril, subrayaba: “La situación de vaciamiento es total y no sólo refiere a la capacidad de producción. Todo se está viendo afectado por esta clara intención de eliminar todo aquello que no da ganancia, incluyendo nuestras funciones como trabajadores del INCAA y del sector audiovisual”. “El 31 de diciembre vencen los contratos de 300 trabajadores más que están empleados bajo distintas modalidades de precarización, por lo que nos mantenemos en estado de alerta hasta que nos garanticen su continuidad”, alertó.

Por su parte, Virna Molina, de la asociación Realizadores Integrales de Cine Documental (RDI), señalaba “Lo urgente ahora es derogar esta disposición pero luego de eso habría que revisar todo el Plan de Fomento, porque todo es un gran paquete para que no haya más cine nacional”, agregando, “Sobre la resolución, es más que evidente que está hecha por gente de leyes con el objetivo de asfixiar la Ley de Cine (la 24.377) y no por gente que hace cine. Nadie que trabaje en el mundo audiovisual podría haber redactado una cosa así, porque implica ponernos una soga al cuello a todos los que queremos realizar”.

Las expectativas se centraron en una hipotética conferencia de prensa de Haiek sobre el tema con la esperanza de que la multitudinaria movilización retrotraiga la vigencia de la resolución promulgada y sus nefastas consecuencias. Los referentes de la concurrencia coincidieron en afirmar que, en estas condiciones “Si el gobierno no da marcha atrás, lo que conocemos como cine nacional simplemente no va a existir más”.

 

(*) El Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya administración estará a cargo del Instituto Nacional de Cinematografía, se integrará: a) Por un impuesto equivalente al diez por ciento (10%) del precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, y cualquiera sea el ámbito donde se efectúen. Los empresarios o entidades exhibidoras adicionarán este impuesto al precio básico de cada localidad.

(Ley Nº 17.741. Ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional. Artículo 24.- Cap. VII, Fondo de fomento cinematográfico. Bs. As., 14/5/68)

Deje su comentario...