Bancos espanta pobres

El Gobierno porteño no encuentra mejor respuesta a la pobreza que hostilizar los asientos públicos para evitar que la –cada vez mayor– cantidad de gente que duerme en la calle pueda usarlos como precaria cama.

Partiendo de la base idiomática no más, en que nuestra “gente en situación de calle” necesita para ser identificada toda esa extensa frase que los angloparlantes solucionan con el escueto “homeless” y los francófonos con un breve y cuasi poético “sans abri”, nuestro Gobierno porteño, en lugar de imitar esas síntesis  prefiere copiar la crueldad –ya adoptada en el “primer mundo”– de hostilizar los asientos públicos para evitar que la –cada vez mayor– cantidad de gente que duerme en la calle pueda usarlos como precaria cama.

Así el ínclito Larreta, superando su anterior versión de “La única forma de que no haya cartoneros es que no haya cartón” , ha presentado en el mobiliario urbano de la remozada Plaza Constitución unos asientos diseñados en el “Marqués de Sade Design” que impiden reposar a lo largo mediante presuntos apoya-brazos a los cuales ningún brazo humano de persona sentada llega dada su escasa elevación que sí resulta eficiente como “espanta pobres”.

En pleno Boedo, en la puerta de Farmacity

Hace poco más de un año, en abril de 2017, el Gobierno de la Ciudad, conminado por una orden judicial, informaba que 1066 personas estaban en “situación de calle efectiva”. Como el número resultaba irrisorio para cualquier porteño que circulara por nuestras calles con regularidad, tres meses más tarde, en julio, un grupo de instituciones públicas y más de 50 organizaciones sociales realizaron un censo en el que registraron a 4079 personas en esa situación, tres veces más que lo informado por las autoridades porteñas.

“El Censo Popular surgió de una impresión intuitiva que tuvimos de que el número de personas en situación de calle era mayor al que se informaba”, palabras de Horacio Corti, titular del Ministerio Público de la Defensa, Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires que participó en el relevamiento junto con el Consejo de Organizaciones de la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la Auditoría General y más de 50 organizaciones sociales.

El relevamiento del Gobierno de la Ciudad, a cargo del subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Maximiliano Corach, “no recorre la totalidad de los barrios en que está organizada la Ciudad” y “no incluye en su conteo a quienes se alojan en forma transitoria en la red de alojamiento nocturno”, señalaban las agrupaciones que realizaron el censo. Según la ley 3706 del año 2010, una persona se encuentra “en situación de calle” tanto si habita en ella como si utiliza la red de alojamientos nocturnos o paradores, y el Gobierno no tiene en cuenta para su estadística lo que determina la ley que uno de sus poderes sanciona.

“Hay confusión porque se ofrece un parador como si eso fuese a asegurar el derecho a la vivienda y no es así. La ley dispone que las personas que están en paradores están en situación de calle dada la precariedad que el parador significa”, señaló el defensor Horacio Corti.

Entre las 4079 personas registradas por el Censo Popular, se incluyeron a 168 que fueron relevadas en tres de los 29 paradores nocturnos permanentes que hay en la Ciudad, los establecimientos Retiro, Beppo Ghezzi y Azucena Villaflor. Vale decir que las cifras que provee el censo sobre personas en situación de calle –según lo define la ley–, aún cuando triplican las elaboradas tres meses antes por el Gobierno, carecen de la información de los restantes 26 paradores.

Pero hay más

La ley, además, define que una persona está en “riesgo de situación de calle” cuando vive en una institución pero por fuera de ella se encuentra “en un ambiente de vulnerabilidad habitacional, cuando tiene una sentencia firme de desalojo o cuando habita en una estructura temporal o asentamiento”.

En ese sentido el llamado Censo Popular registró que 334 personas estaban en riesgo de situación de calle por vivir en hogares, casas tomadas, hoteles, pensiones, o haber sido notificados de una orden de desalojo. Corti consideró que la situación de calle es el aspecto más extremo del problema estructural de vivienda y agregó: “Hay un problema macro porque también están las personas que viven en villas y asentamientos, que son aproximadamente el 10 por ciento de la población de la Ciudad”. 

Otros resultados de interés:

Una fase cualitativa del Censo Popular reveló información sobre las edades, género y educación de las personas que viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

La mayor cantidad de personas en situación de calle se registró en la comuna 1 en los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución; seguida por la comuna 9, integrada por Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda y la comuna 4, La Boca, Barracas, Parque de los Patricios y Nueva Pompeya.

El 12 por ciento de las personas relevadas eran menores de edad: 493 niños y adolescentes.

De los adultos, casi el 80 por ciento son hombres.

Entre las mujeres relevadas, 41 estaban embarazadas.

Otro dato de interés es que las personas en situación de calle son en su mayoría jóvenes: más de la mitad tiene menos de 40 años.

Por otra parte, el 38 por ciento de las personas en situación de calle manifestó estarlo desde hace más de seis años, el 20 por ciento desde hace tres. “Un 22 por ciento de las personas que contestaron la encuesta han quedado en situación de calle durante el último año”, dice el informe. El dato del aumento interanual entre 2016 y 2017 es el único coincidente con las cifras oficiales.

El motivo

En cuanto al motivo por el cual esas personas vive en la calle, la mayoría, un 40 por ciento, contestó que por problemas familiares; el 34 por ciento por problemas económicos y un 11 por ciento por el consumo de sustancias.

El 70 por ciento de las personas entrevistadas dijo ser víctima de violencia institucional o social como discriminación, amenazas y violencia física.

La fuente de ayuda

El GCABA no representa una fuente de ayuda para las personas en situación de calle: sólo el 10 por ciento de las encuestadas se refirió al Gobierno como agente facilitador de soluciones paliativas. La mayoría, el 42 por ciento, acude a parroquias o iglesias.

Educación

Al momento del relevamiento, casi el 30 por ciento de los encuestados contaba con el secundario incompleto como el último nivel educativo alcanzado. Sigue en porcentaje el nivel primario completo, con un 25 por ciento y el 20 dijo contar con primaria incompleta. Sólo un 4 por ciento se manifestó analfabeto.

En lugar de bancos antipobre

Los bancos inaugurados en el mobiliario urbano de Plaza Constitución

En el artículo 4 inciso k, la ley citada establece que el Gobierno debe realizar un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo “con información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos”. Ante el incumplimiento, hace un par de años, en agosto de 2016, la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado en los Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, hizo lugar a una medida cautelar que ordenó al GCABA “cumplir con la obligación de realizar el relevamiento anual con la información desagregada conforme a lo establecido en la ley 3706”.

La ocupación central por entonces era invertir 40 millones en “poner en valor” ilegalmente, contra todas las ordenanzas con respecto a la conservación del patrimonio histórico, a la Plaza de Mayo. Y, sin lugar a dudas, proyectar el mobiliario urbano que hoy se estrena para que “tape” con maquillaje las miserias que las políticas de este Gobierno generan.

Con el beneplácito de una conocida franja del mediopelo porteño no hay duda de que “juntos, ESTÁN cambiando la ciudad”…, llevándose puesta a la solidaridad porteña.

 

 

Fuente de datos de información

Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle.

Sobre una iniciativa de Proyecto 7, Gente en situación de calle, No Tan Distintas –Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Social– y la Defensoría General de la CABA. Con el apoyo y la participación activa de varias organizaciones, partidos, instituciones de la ciudad y voluntarias/os.

Con este Censo sus organizadores buscan tener datos certeros sobre la situación de calle y el riesgo de la misma en la Ciudad de Buenos Aires para que el Gobierno –declaran– actúe con políticas públicas acordes a la dimensión y la urgencia de la situación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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