Ha pasado ya un cuarto de siglo. Ni la realidad que conlleva el rápido trascurso del tiempo impide caer en el más común de los lugares comunes: “¡parece mentira!”
Hacía sólo cuatro años desde que la —frágil democracia había retornado de la mano de Raúl Alfonsín. Aún fresco el galardón de aquel 15 de diciembre de 1983, cinco
días después de asumir como presidente, cuando sancionó los decretos 157 y 158 mediante los cuales ordenó enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros y procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe del 24 de marzo de 1976. Con ese objeto creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes dedicadas a relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos.
El 20 de septiembre de 1984, nueve meses después del encargo, con la Plaza de Mayo repleta, la CONADEP entregó al presidente el informe titulado “Nunca Más”, un lapidario relato testimonial que, no obstante, contenía en sus juicios una tácita reivindicación de la “teoría de los dos demonios”. Sin embargo, se había dado un paso definitivo e irreversible en cuanto al horror. No así en cuanto a las apetencias militares de poder e impunidad.
Ese 19 de abril, domingo de Pascua de hace 25 años, a sólo tres de aquel hecho trascendente, la Plaza de Mayo, como tantas otras veces, volvía a estar colmada. Esta vez no era una única convocatoria. Multitudes se congregaban en distintos puntos del país ante la indignación por las exigencias militares. Mientras tanto, el teniente coronel Aldo Rico, acantonado en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo a la que se había acercado una considerable cantidad de civiles repudiando la actitud de los uniformados—, encabezaba la rebelión “carapintada” en ostensible oposición al juzgamiento civil de las acciones de los militares, específicamente referidas a su actuación durante la dictadura.
Alfonsín salió al balcón primera vez ese día—para anunciar junto a los presidentes de los partidos opositores, que concurriría en helicóptero a Campo de Mayo para hablar con los sublevados. “Les pido a ustedes que me esperen acá y, si Dios quiere, dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares”. Como lo anunció, se trasladó custodia—a Campo de Mayo y habló con Rico y los oficiales “carapintada”. Cuando regresó, unas horas después, volvió al balcón y produjo las breves palabras que identifican aquella jornada: “He conversado con los militares acantonados, algunos de ellos héroes de Malvinas”…
“Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios.
La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina”.
En la desconcentración de la enfervorizada plaza de aquel entonces sobrevolaron algunas decepciones: la innecesaria ponderación de la presunta heroicidad de alguno de los sublevados, seguramente, encabezó la lista.
Bastaron unos pocos meses para confirmar el precio que Alfonsín había pagado para apaciguar a los insurrectos. En junio el Congreso aprobaba una propuesta del Poder Ejecutivo, la Ley de Obediencia Debida, que exculpaba a los oficiales de rango medio y bajo.
El artículo primero quitaba imputabilidad por graves violaciones a los derechos humanos, sobre la base de la presunción, sin admitir prueba en contrario, a “quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, seguridad, policial o penitenciaria.
En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad”.
Se hacía, sin embargo, expresa salvedad de que la ley no sería aplicable “respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles”.
Entre los provisionalmente eximidos de juicio a la aplicación de esta ley aberrante—estaba quien, según uno de los dictámenes, “no pasó de ser un mero ejecutor de órdenes que se impartían desde las más altas esferas del poder militar, sin que estuviera a su alcance decisión de fondo alguna para impedirlas”. El “exento” era nada menos que el comisario Miguel Etchecolatz, el cerebro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Otros beneficiarios, por entonces, del paraguas legal, fueron el ex capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el general (R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existía una abundante variedad de pruebas sobre la comisión de delitos de lesa humanidad.
La cesión ante las presiones militares tendría continuidad en la “Ley de punto final” y los indultos concedidos por Menem. Tuvo que superarse los dos mandatos del riojano, la Alianza, el descalabro de 2001-2003 para que comenzara a revisarse la impunidad.
Fue en el año 2003 que Patricia Walsh, entonces diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, envió un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que fue aprobado como Ley 25.779, durante la presidencia de Néstor Kirchner, en agosto de ese año.
La revisión de actitudes y medidas tomadas tomadas en circunstancias históricas sensiblemente distintas a las contemporáneas no puede descontextualizarse de manera que genere la crítica o la condena pública de quien haya asumido lo que creyó conveniente hacer. Raúl Alfonsín terminó sus días convencido de que había procedido en forma correcta para evitar un “baño de sangre”.
Sus detractores, en cambio, ven perdida la oportunidad histórica, ante el apoyo popular, de haber afianzado su mandato que ya daba muestras de soportar grietas y acosos.
Cuando en días más recientes comenzó a construirse la posibilidad de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el Congreso y se enteró de que el presidente Néstor Kirchner la impulsaba, se pronunció desautorizando a “quienes usaran la decisión de 1987 para censurar la nulidad”. Sostenía ante sus propios correligionarios que, a su juicio, era algo que había creído sensato decidir pero que las circunstancias históricas habían cambiado. “Ni siquiera opino, así no molesto” —“Que el presidente Kirchner haga libremente lo que le dicte su conciencia.”
No recomendaba para el gobernante otra cosa que lo que había hecho él, aquel lejano 19 de abril, cuando pidió la desconcentración en paz en la creencia de que “la casa está en orden”.
Sólo el largo otoño que deshoja los almanaques de la historia tiene reservado su juicio para las decisiones de aquella Pascua del 87.•
Horacio Cafferata
